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Sáb, Mar

Interés General

El acuerdo con el sector se da en medio de la caída de ingresos y la competencia de plataformas digitales.

La Municipalidad de Río Gallegos acordó con representantes del sector taxista la exención de la inspección anual para los vehículos afectados al servicio, en una medida que busca aliviar la situación económica de los trabajadores y garantizar la continuidad de la actividad.

El acuerdo establece la prórroga por un año de la Revisión Técnica y Estética que realiza el Departamento de Transportes Públicos, extendiendo su vigencia hasta abril de 2027. La decisión implica que el Municipio dejará de percibir más de $50 millones en concepto de recaudación, tal como ocurrió en los dos años anteriores.

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete Diego Robles, junto a la secretaria de Gobierno Sara Delgado y el director administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz. Por el sector taxista participaron Carlos López (parada Vélez Sarsfield), Walter Peña (Soberanía), Roque Ramos (Malvinas Argentinas), Juan Ojeda (Taxis Rivadavia) y Pedro Barría (Glaciar).

Según se consignó en el acta, la decisión del Ejecutivo municipal, encabezado por Pablo Grasso, responde al contexto económico nacional y provincial, con el objetivo de sostener las fuentes laborales vinculadas al servicio de taxis.

No obstante, el acuerdo mantiene requisitos obligatorios. Los vehículos deberán contar con la Revisión Técnica Obligatoria vigente, así como con las libretas sanitaria y de chofer actualizadas, trámites que continúan siendo gratuitos.

Durante la reunión, las autoridades realizaron un análisis de la situación económica local, en un escenario que consideran complejo y sin perspectivas de mejora en el corto plazo. En ese marco, se planteó la necesidad de implementar medidas que eviten la caída del servicio y acompañen a un sector que enfrenta dificultades crecientes.

Desde el Municipio también señalaron el impacto de las plataformas digitales de transporte en la actividad. En ese sentido, la secretaria Sara Delgado afirmó que la decisión política es sostener a los trabajadores del volante frente a la competencia de aplicaciones como Uber, que modificaron las condiciones del mercado.

La medida se inscribe en una serie de acciones orientadas a sostener servicios considerados esenciales, en un contexto donde la caída de ingresos y el aumento de costos afectan de manera directa a los prestadores del transporte urbano.

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