El Consejo Superior aprobó una declaración institucional en la que también rechazó un proyecto oficial que busca modificar la norma vigente.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral aprobó este martes una declaración institucional en la que exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, sancionada en 2025, y expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que propone modificarla. En el mismo pronunciamiento, el órgano de gobierno declaró la emergencia salarial de los trabajadores y trabajadoras de la institución.
La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria realizada en Río Gallegos, convocada específicamente para abordar la situación presupuestaria del sistema universitario. El documento, aprobado por mayoría con un voto en contra, plantea un escenario crítico en materia de financiamiento y advierte sobre las consecuencias que esto tiene en el funcionamiento de las universidades públicas.
En la declaración, el Consejo Superior remarcó que la Ley 27.795, sancionada en octubre de 2025, fue concebida para garantizar recursos que permitan sostener las funciones esenciales de las universidades, mejorar las condiciones salariales del personal y acompañar las trayectorias estudiantiles. Sin embargo, señalaron que su implementación sigue pendiente.
El texto también cuestiona el decreto del Poder Ejecutivo que, tras la promulgación de la norma, suspendió su ejecución hasta tanto se incorporaran las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Según se detalla, el Presupuesto 2026 finalmente aprobado no contempló esos recursos, lo que agrava la situación financiera de las instituciones.
A este escenario se suma la preocupación por un proyecto de ley que ya tomó estado parlamentario y que propone modificar la normativa vigente. Desde la UNPA advirtieron que esta iniciativa implicaría profundizar el ajuste presupuestario sobre la universidad pública, por lo que instaron a diputados y senadores a no acompañarla.
El pronunciamiento recoge además el posicionamiento del Consejo Interuniversitario Nacional, que viene alertando sobre el deterioro del sistema científico y universitario. En esa línea, el Consejo Superior sostuvo que la universidad pública cumple un rol histórico en la inclusión social, la producción de conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico, funciones que —según advierten— hoy están en riesgo.
Uno de los puntos más sensibles abordados en la declaración es la situación salarial. El documento señala que los ingresos de docentes y personal nodocente resultan insuficientes para cubrir la canasta básica, lo que genera un éxodo de profesionales hacia otros ámbitos laborales o la necesidad de buscar ingresos complementarios. Esta situación, sostienen, impacta directamente en la calidad educativa y en el normal funcionamiento institucional.
Frente a este panorama, el Consejo Superior resolvió declarar la emergencia salarial en la UNPA, en línea con los reclamos de los gremios docentes y nodocentes. Además, subrayó la necesidad de contar con financiamiento adecuado para sostener infraestructura, programas transversales —como los de género, accesibilidad y discapacidad— y avanzar en la estabilidad laboral del plantel docente.
El documento concluye con un llamado a la unidad de la comunidad universitaria para defender el sistema público, gratuito e inclusivo, en un contexto que describen como adverso para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión.
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