El Consejo Superior avanzó con la asignación de fondos para garantizar el funcionamiento de sus unidades, mientras reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral aprobó este martes, en una sesión extraordinaria realizada en Río Gallegos, la distribución del Presupuesto 2026. La decisión permitirá avanzar con la ejecución de fondos y la planificación de actividades en las cinco unidades de gestión de la institución a lo largo del año.
La definición se dio en un contexto particular para el sistema universitario. Ante la falta de una Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2026 aprobada por el Congreso Nacional, la universidad había resuelto en su última sesión ordinaria de 2025 prorrogar el presupuesto vigente de ese año como medida transitoria para sostener su funcionamiento.
Sin embargo, la posterior aprobación y promulgación del Presupuesto Nacional a fines de diciembre de 2025 habilitó la revisión de esa situación. En ese marco, la rectora Roxana Puebla convocó a una sesión extraordinaria con el objetivo de acelerar la distribución de los recursos asignados por el Tesoro Nacional.
Desde el rectorado se argumentó que el adelantamiento del tratamiento respondía a la necesidad de garantizar el funcionamiento de todas las áreas de la universidad en un escenario de dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema universitario en general. La distribución de la denominada Fuente 11, proveniente del Tesoro, fue uno de los puntos centrales del debate.
Durante la sesión, el secretario de Hacienda y Administración, Juan Manuel Acosta, presentó la propuesta de asignación de partidas. A partir de allí, los consejeros y consejeras de las distintas unidades de gestión analizaron y debatieron los montos destinados a programas, líneas de trabajo y proyectos institucionales.
Más allá de la aprobación presupuestaria, el Consejo Superior también emitió una declaración institucional en la que reclamó la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 pero aún sin aplicación plena y actualmente en un proceso de judicialización.
En ese pronunciamiento, el órgano de gobierno de la UNPA advirtió sobre la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de las universidades públicas, así como la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras del sector. El planteo se inscribe en un contexto más amplio de reclamos de las casas de estudio a nivel nacional.
Con la distribución del presupuesto ya definida, la universidad busca ordenar su planificación para 2026, aunque el escenario general sigue marcado por la incertidumbre en torno al financiamiento del sistema.
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