El exjuez de la Corte propone cambiar la Justicia sin reforma constitucional. El jurista propone un tribunal de 25 a 30 jueces y una casación nacional obligatoria.
En un diálogo con Tiempo Argentino, el exintegrante de la Corte Suprema y jurista de renombre internacional, Eugenio Raúl Zaffaroni, expresó sin ambages: “Lamentablemente, no tenemos Poder Judicial”. En su diagnóstico, la Justicia argentina opera sin control constitucional homogéneo ni una instancia nacional de casación obligatoria: cada juez puede interpretar el código a su modo, lo que deriva en decisiones dispares y caóticas.
La solución, según Zaffaroni, no pasa por modificar la Constitución sino por sancionar una ley que transforme al actual “triunvirato” en un verdadero tribunal superior con 25 o 30 jueces divididos en salas especializadas, como sucede en Europa y Costa Rica. Esa ley debería convertir la competencia por arbitrariedad de la Corte en casación nacional, cuyos fallos sean vinculantes para todos los magistrados.
En la entrevista, también fustigó al sistema de designación de jueces: reclamó concursos abiertos y obligatorios y criticó que el Consejo de la Magistratura vuelva a la presidencia del Corte sin base legal válida. Considera que nombrar jueces sin acuerdo del Senado –como ocurrió con el caso Mansilla– podría ser causal de juicio político.
Sobre el contexto político-judicial, denunció que la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad forma parte de un fenómeno regional de lawfare, similar a los casos de Lula, Pedro Castillo, Correa o Evo Morales. Definió la sentencia como jurídicamente insostenible y opinó que debe resolverse políticamente, no sólo procesalmente.
Respecto a la interferencia extranjera, calificó como imprudentes los dichos del embajador designado Peter Lamelas, al advertir que constituyen una intromisión en la política nacional. Afirmó que este tipo de declaraciones despiertan polarización, algo que no le conviene a Estados Unidos ni a la diplomacia tradicional.
Propuesta pragmática de reforma
Crear por ley una Corte Constitucional amplia, sin modificar la carta magna.
Establecer cascadeo obligatorio: jurisprudencia vinculante y control centralizado.
Reemplazar el mecanismo actual por un sistema con concursos públicos y participación académica.
Reformar el Consejo de la Magistratura para garantizar equilibrio y legalidad en su conducción.
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