El anuncio de la cancelación del Plan Procrear, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, despertó una profunda preocupación en los beneficiarios y en sectores que defienden el rol del Estado en la garantía de derechos básicos.
Este programa, que desde su creación en 2012 facilitó el acceso a la vivienda a cientos de miles de argentinos, dejará de existir en su formato actual. Además, el Gobierno confirmó que las obras que quedaron sin finalizar se liquidarán a favor de terceros, quitando al Estado el rol de garante de acceso a vivienda.
El Gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros referentes de la oposición reaccionaron inmediatamente. Kicillof criticó la medida como un "recorte de derechos" y recordó que el Procrear “fue uno de los planes de crédito para vivienda más exitosos y virtuosos, ofreciendo acceso a la casa propia sin necesidad de grandes ahorros ni de herencia familiar”. Según el exsecretario de Desarrollo Territorial Luciano Scatolini, el Procrear no solo cubría la necesidad de vivienda sino que también impulsaba el empleo en construcción, el arraigo de poblaciones y el desarrollo urbano.
El plan Procrear ofrecía varias líneas de crédito: desde el Desarrollo Urbanístico hasta los créditos para construcción y ampliación de viviendas. Estos créditos permitieron el acceso a lotes urbanizados, casas de prototipos diseñados por el Estado y financiamiento a tasas cero o ajustables según el Coeficiente Casa Propia. Esta modalidad reemplazó a los polémicos créditos UVA, que durante la gestión de Macri dejaron a miles de familias endeudadas con cuotas impagables.
Con la eliminación del Procrear, el Gobierno anunció que fomentará los llamados “créditos hipotecarios divisibles,” una modalidad que permitirá a desarrolladores inmobiliarios dividir la hipoteca en varias unidades habitacionales en construcción, facilitando la financiación de complejos. Sin embargo, esta medida principalmente beneficia al sector inmobiliario, dejando a las familias sin la garantía estatal y en manos del mercado. En este esquema, el Estado se retira como garante y abandona su rol en la regulación de tasas accesibles.
El anuncio aún no fue publicado en el Boletín Oficial, por lo que quedan pendientes detalles sobre cómo se ejecutará la transición del Procrear a un modelo de créditos divisibles. Miles de familias y constructores esperan definiciones en medio de una crisis habitacional que afecta a amplios sectores de la sociedad.
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