El escándalo por los viajes oficiales y privados del jefe de Gabinete derivó en múltiples denuncias penales y en una investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal.
El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó envuelto en una nueva polémica judicial luego de que se presentaran varias denuncias penales en su contra por presuntos delitos vinculados a su conducta como funcionario público y a posibles inconsistencias en su patrimonio.
El episodio se desencadenó tras conocerse que su pareja, Bettina Angeletti, integró la comitiva que viajó a Estados Unidos en un vuelo oficial y que se alojó en la misma habitación de hotel que el Estado pagó para el funcionario durante esa misión.
La situación fue reconocida por el propio Adorni durante una entrevista televisiva concedida al periodista Eduardo Feinmann. En ese diálogo confirmó que su pareja formó parte del viaje y que compartieron alojamiento en el hotel durante la visita oficial.
En el intento por aclarar el episodio, el funcionario también afirmó que su esposa pagó de su bolsillo más de cinco mil dólares por un pasaje aéreo entre Buenos Aires y Nueva York. Ese dato, sumado a otros gastos recientes, terminó generando nuevos cuestionamientos sobre su situación patrimonial.
El escándalo creció cuando el propio Adorni mencionó otro viaje que realizó a mediados de febrero a Punta del Este junto a su familia y a su amigo Marcelo Grandio. Según trascendió, el traslado se habría realizado en un avión privado cuyo costo rondaría los diez mil dólares.
La combinación de esos gastos con los ingresos declarados por el funcionario abrió interrogantes sobre la consistencia entre su nivel de vida y los recursos informados en sus declaraciones juradas. De acuerdo con registros presentados ante la Oficina Anticorrupción en agosto de 2025, Adorni declaró ahorros en efectivo por 2,4 millones de pesos, además de 42 mil dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos con poco más de seis mil dólares.
Las dudas derivaron rápidamente en acciones judiciales. Al cierre de esta semana ya se habían presentado al menos cuatro denuncias penales contra el funcionario.
Dos de ellas fueron impulsadas por el abogado Gregorio Dalbón y por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora presentó inicialmente una denuncia por presunto peculado, defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Posteriormente, Pagano amplió su presentación y sumó una acusación por presunto enriquecimiento ilícito, señalando que existirían gastos “desproporcionados” en relación con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.
En paralelo, los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro también presentaron una denuncia ante la Justicia Federal. En ese escrito acusaron a Adorni de presuntos delitos como malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.
Como ocurre habitualmente en estos casos, es posible que las distintas denuncias sean unificadas en un mismo expediente judicial una vez que se defina el juzgado que concentrará la investigación.
Además de las presentaciones judiciales impulsadas por dirigentes políticos y abogados particulares, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició de oficio una investigación preliminar sobre el funcionario.
El organismo, que depende del Ministerio Público Fiscal y está a cargo del fiscal Alejandro Rodríguez, comenzó a analizar las circunstancias de los viajes realizados por Adorni tanto a Estados Unidos como a Punta del Este.
Según fuentes judiciales, la pesquisa buscará determinar si las conductas del jefe de Gabinete se ajustaron a las normas que regulan el uso de recursos públicos y el comportamiento de los funcionarios del Estado.
Para avanzar en esa tarea, es probable que se soliciten informes a distintos organismos del Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstruir los detalles administrativos y financieros de los viajes mencionados.
En medio del escándalo, Adorni intentó relativizar las acusaciones y sostuvo que las críticas responden a ataques políticos. En declaraciones recientes afirmó que la presencia de su esposa en el viaje oficial no implicó gastos para el Estado y rechazó dar explicaciones sobre aspectos de su vida privada.
Sin embargo, lo que comenzó como una explicación pública destinada a cerrar la polémica terminó derivando en un escenario mucho más complejo para el jefe de Gabinete.
Las denuncias judiciales, sumadas a la investigación iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, colocaron su patrimonio y su comportamiento como funcionario bajo la lupa de la Justicia.
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