Desde el PJ Nacional organizaron operativos territoriales para el 18 de junio. Apuntan contra la Corte y denuncian una proscripción orquestada desde el aparato judicial.
La escena se repite, pero no por costumbre: más de 250 intendentes e intendentas de todo el país se dieron cita en la sede del Partido Justicialista nacional para dejar sentada una postura concreta. No se trata solo de una adhesión simbólica. Es una señal de orden político en tiempos de abierta confrontación institucional: los jefes comunales salieron a respaldar explícitamente a Cristina Fernández de Kirchner y a repudiar el reciente fallo de la Corte Suprema que confirmó su condena.
La foto no es menor. A tres días de lo que promete ser una de las movilizaciones más grandes de los últimos años, el mensaje no deja margen para interpretaciones tibias: “Cristina no va a prisión sin que el pueblo se haga escuchar”. La consigna no fue improvisada. Forma parte del operativo territorial que se viene montando para este miércoles 18 de junio, cuando miles de militantes, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos comunes marchen a Comodoro Py.
Pero esta vez no alcanza con marchar. La consigna de fondo, compartida por buena parte del peronismo, es clara: evitar que el aparato judicial –a esta altura completamente desacreditado– ejecute lo que consideran una maniobra de proscripción encubierta. La decisión de la Corte Suprema, sostenida sin argumentos jurídicos sólidos, fue entendida como un intento más de disciplinar políticamente a la figura más potente del movimiento nacional-popular.
Los intendentes lo saben. Lo ven a diario en sus territorios: la persecución a Cristina no solo es contra una persona, sino contra una historia política que incomoda a los poderes fácticos. Por eso, lejos de quedarse en declaraciones, se comprometieron a coordinar este mismo fin de semana acciones concretas en sus distritos. Habrá actos, encuentros, logística para traslados y presencia en los medios. La idea es garantizar que la movilización del miércoles sea histórica.
El PJ abrió sus puertas. Por la tarde del sábado continuaron las reuniones, esta vez con referentes internacionales que ya hicieron público su repudio a la situación de la expresidenta argentina. Desde organismos de derechos humanos hasta dirigentes de otras fuerzas progresistas del continente, se empieza a consolidar un bloque que observa con preocupación cómo la justicia argentina parece haber dejado de ser garantía institucional para transformarse en herramienta de castigo.
¿Hasta cuándo se va a naturalizar el funcionamiento mafioso de Comodoro Py? ¿Es tolerable que un poder del Estado actúe como brazo ejecutor de la política oficialista? ¿Qué dice el silencio de los grandes medios frente a esta operación?
El peronismo, al menos el que aún se planta, ya eligió. El 18 no se juega solo el futuro judicial de una persona. Se juega también el límite entre la legalidad democrática y el avance de un sistema que ya no disimula su vocación persecutoria.
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