En la próxima semana, el Presidente Javier Milei lanzará un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para no renovar los contratos de empleados públicos que hayan ingresado a la Administración Pública Nacional en el último año.
Esta medida se suma a las 366 modificaciones anunciadas por el Presidente el pasado miércoles, generando movilizaciones de distintos sindicatos, incluido el de estatales. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado la no renovación de contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia como parte del programa de reformas del nuevo oficialismo.
El DNU tiene como objetivo rescindir todas las contrataciones realizadas en el marco de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional durante el año 2023 o que finalicen el 31 de diciembre. Se exceptuarán aquellos trabajadores que hayan prestado servicios antes del 1° de enero de este año, aunque hayan experimentado cambios en su modalidad de contratación.
La medida permitirá a cada jurisdicción avanzar en la evaluación y consideración para la gestión del personal de manera restrictiva y fundada, asegurando la continuidad solo en casos necesarios por razones impostergables de funcionamiento.
En respuesta a esta medida, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marchó a la jefatura de Gabinete para protestar contra los despidos anunciados. Entre sus reclamos se incluyen aumentos salariales que superen la inflación, reapertura de paritarias, pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado y garantía de estabilidad laboral.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó una nueva jornada de movilización y asamblea para el próximo miércoles 27 de diciembre. En esa misma fecha, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA marcharán al Palacio de Tribunales para presentar ante la Justicia un pedido de inconstitucionalidad del DNU de desregulación económica y solicitar la detención de su aplicación.
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