El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó la situación económica de las familias santacruceñas después de conocerse un informe que ubica a Santa Cruz entre las provincias con mayores niveles de morosidad del país.
“Más del 20% de los santacruceños endeudados: ¿esta es la Argentina y la Santa Cruz que nos quieren vender?”, planteó Grasso en sus redes sociales al difundir datos elaborados por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, sobre la base de registros de la Central de Deudores del Banco Central.
El relevamiento, correspondiente a junio de 2026, muestra que Santa Cruz registra un ratio de irregularidad del crédito del 20,6%, uno de los más elevados de la Argentina. Sólo La Rioja aparece por encima, con 23,1%, mientras Catamarca comparte el 20,6%.
Hay, sin embargo, una precisión importante: ese 20,6% no significa que uno de cada cinco santacruceños esté endeudado. El indicador expresa qué proporción del monto de crédito analizado se encuentra en situación irregular. Según el mismo informe, en Santa Cruz había 60.285 personas con deudas morosas en junio.
El segundo dato que encendió la alarma es el tamaño de esas obligaciones. Los deudores santacruceños en situación irregular registran un préstamo moroso promedio de $4.257.842.
Ese monto es el segundo más alto del país, únicamente detrás de Tierra del Fuego, donde el promedio alcanza los $4.788.580. El promedio nacional, en comparación, se ubica en $2.490.084.
Grasso vinculó esos números con el deterioro del poder de compra de las familias y sostuvo que Santa Cruz no había atravesado anteriormente niveles semejantes de endeudamiento familiar, incluso durante la crisis de comienzos de siglo.
El informe del CEPA muestra que el problema excede ampliamente a la provincia. En junio había 20,96 millones de personas con algún tipo de deuda en bancos o proveedores no financieros de crédito en todo el país y 5,91 millones se encontraban en mora.
La evolución nacional también exhibe un fuerte deterioro reciente. Entre las familias, la morosidad bancaria pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en junio de 2026.
El escenario es todavía más marcado entre los proveedores no financieros, categoría que incluye billeteras virtuales. Allí la mora avanzó con fuerza durante el mismo período y una parte creciente de los hogares recurrió a estas herramientas para financiar consumos o cubrir necesidades cotidianas.
El CEPA señala además que préstamos personales y tarjetas de crédito concentran buena parte de las obligaciones familiares en problemas.
En ese contexto, Santa Cruz combina dos indicadores particularmente delicados: una de las mayores proporciones de crédito irregular del país y el segundo saldo promedio de deuda morosa más elevado.
Ese cuadro fue el que Grasso utilizó para cuestionar el rumbo económico y poner el foco sobre la presión financiera que atraviesan los hogares santacruceños.
Más allá de la discusión política, los números muestran una situación concreta: 60.285 personas registraban deudas en mora en la provincia al cierre de junio y quienes habían caído en irregularidad acumulaban, en promedio, compromisos superiores a los $4,2 millones.