Argentina quedó ubicada en una combinación particularmente desfavorable dentro del sistema financiero latinoamericano: tiene el mayor nivel de morosidad bancaria entre los países analizados y, al mismo tiempo, la menor cantidad de crédito en relación con el tamaño de su economía.
Según el último informe de la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban, el 7,3% de la cartera crediticia argentina se encontraba en situación irregular al cierre del primer trimestre de 2026.
El porcentaje no simplemente duplica el promedio regional del 2,78%: lo supera en más de dos veces y media.
Brasil aparece después con una morosidad del 4,3% y Colombia con el 3,7%. En el extremo opuesto se ubican Uruguay, con 1,7%; El Salvador, con 1,4%; y República Dominicana, con apenas 1,1%.
La particularidad argentina se vuelve todavía más evidente cuando se observa cuánto pesa el crédito dentro de la economía.
Mientras el promedio de los países relevados alcanza el 47,3% del PBI, en Argentina representa solamente el 14,3%, el registro más bajo entre las 16 economías comparadas.
Dicho de otra manera, el promedio regional de crédito respecto del PBI es más de tres veces superior al argentino. El país tiene un sistema financiero pequeño, pero aun así registra la mayor proporción de préstamos bancarios con problemas de pago.
El deterioro no ocurre exclusivamente en Argentina. Felaban informó que la cartera vencida de los bancos latinoamericanos alcanzó aproximadamente 104.621 millones de dólares en marzo, un 10% más que en diciembre de 2025 y un 44% por encima del nivel registrado un año antes.
La diferencia está en la magnitud.
Mientras el promedio regional de morosidad pasó del 2,51% al 2,78% en doce meses, Argentina quedó ampliamente por encima de ese nivel.
Otro indicador agrega preocupación. La cobertura que mantienen los bancos para hacer frente a eventuales pérdidas se ubicó en Argentina en el 84%.
Junto con Panamá, con 93%, son los únicos dos países del relevamiento que presentan una cobertura inferior al 100%.
La distancia con otras economías resulta considerable: República Dominicana alcanza una cobertura del 316%, Uruguay del 226% y Ecuador del 210%.
La discusión adquiere además una dimensión social.
Distintos relevamientos elaborados durante los últimos meses a partir de información del Banco Central estimaron que casi siete millones de argentinos quedaron fuera del acceso a nuevo financiamiento por el deterioro de su situación crediticia.
El crecimiento de los atrasos acompañó, paradójicamente, la recuperación del crédito privado registrada desde 2024. La desaceleración de la inflación, una mayor estabilidad cambiaria y la reducción de la absorción de fondos por parte del propio Estado permitieron que los bancos volvieran a prestar con mayor intensidad.
Pero esa expansión incorporó nuevos deudores y encontró ingresos familiares que no siempre acompañaron el ritmo del endeudamiento.
El resultado terminó trasladándose a tarjetas de crédito, préstamos personales y otras formas de financiamiento.
Frente a este escenario, el Gobierno nacional descartó por ahora una intervención destinada a rescatar directamente a quienes dejaron de pagar.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, definió la renegociación de las deudas como una cuestión que debe resolverse entre privados y rechazó que el crecimiento de la mora implique una falla de supervisión de la autoridad monetaria.
La postura abrió una discusión incluso entre economistas que no pertenecen a la oposición tradicional. El exministro Hernán Lacunza cuestionó públicamente que el Estado pueda mantenerse completamente al margen cuando millones de personas quedan excluidas del sistema crediticio, aunque aclaró que una intervención regulatoria no implica que el sector público deba pagar las deudas.
El debate recién comienza.
Los datos regionales muestran que el problema argentino no consiste únicamente en que aumentó la mora, algo que también ocurre en otros países. El dato distintivo es que Argentina combina el nivel más elevado de incumplimientos con el sistema crediticio menos profundo de la muestra.
Hay poco crédito en relación con la economía, pero una proporción excepcionalmente alta de ese crédito ya presenta problemas de pago.
Y esa combinación convierte a la morosidad en algo más que una discusión entre bancos y clientes: empieza a condicionar la posibilidad de que millones de personas vuelvan a financiar consumo, vivienda, vehículos o necesidades familiares y, con ello, también la capacidad del crédito de seguir empujando la actividad económica.