El organismo exige bajar impuestos a empresas y sectores de mayores ingresos, mientras traslada la carga fiscal sobre asalariados, monotributistas y consumidores.
El Fondo Monetario Internacional le "propuso" al gobierno argentino avanzar con una reforma tributaria de perfil abiertamente regresivo: menos impuestos para empresas, sectores de mayores ingresos y exportadores, y más carga fiscal sobre trabajadores, monotributistas y consumidores. La hoja de ruta coincide con el rumbo que Javier Milei y Luis Caputo ya vienen aplicando desde el Ministerio de Economía.
La propuesta forma parte del informe técnico que acompañó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente entre la Argentina y el FMI. Allí, el organismo que dirige Kristalina Georgieva avala el camino iniciado por la Casa Rosada y plantea profundizarlo con el argumento de eliminar “impuestos distorsivos”.
En esa categoría, el Fondo incluye tributos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones. La baja de esos impuestos beneficiaría principalmente a empresas, sectores concentrados y grandes operadores económicos. Pero el agujero fiscal que dejaría esa reducción, según el esquema propuesto, debería cubrirse con una mayor presión sobre asalariados, trabajadores independientes y el consumo general.
El plan apunta a que el 20% de los asalariados pague Impuesto a las Ganancias, como ocurría en 2019. Actualmente, según el texto base, lo hace alrededor del 6%. Esto implicaría ampliar de manera significativa el universo de trabajadores alcanzados por un tributo que golpea directamente sobre ingresos laborales, en un contexto de salarios deteriorados y caída del poder adquisitivo.
La propuesta también incluye eliminar el régimen del monotributo. Quienes hoy se encuentran dentro de ese esquema simplificado pasarían a pagar Ganancias e IVA. En la práctica, eso significaría un cambio fuerte para trabajadores independientes, pequeños prestadores, profesionales, comerciantes y cuentapropistas que utilizan el monotributo como una forma administrativamente más accesible de cumplir obligaciones fiscales.
El otro punto sensible es la ampliación del IVA a todos los productos y servicios, incluso aquellos que hoy cuentan con exenciones o alícuotas reducidas, como alimentos y libros. Aplicar el 21% de IVA de manera generalizada encarecería consumos básicos y culturales, con un impacto directo sobre hogares de ingresos medios y bajos, que destinan una parte mayor de su presupuesto al consumo cotidiano.
La lógica es transparente: aliviar a los sectores de mayor capacidad económica y compensar esa pérdida con impuestos más extendidos sobre la población. El FMI acompaña su propuesta con cálculos cuya base no fue detallada en el texto aportado, pero que estiman ingresos adicionales equivalentes a hasta el 3,3% del PBI por la mayor carga sobre trabajadores y consumidores. La contracara sería una reducción de impuestos a ricos y empresas de magnitud similar.
El Gobierno ya viene caminando en esa dirección. Bajo la conducción de Caputo, la administración libertaria redujo alícuotas de Bienes Personales, impuestos internos sobre bienes de lujo como aviones, yates y autos de alta gama, aranceles de importación y retenciones a las exportaciones. En paralelo, Milei anticipó nuevas bajas de retenciones para los principales productos agrícolas y algunos industriales, con el objetivo de llevarlas a cero.
A ese rumbo se suma el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI, que reduce la carga tributaria para empresas incluidas en proyectos especiales. Milei incluso sostuvo que “toda la economía debería ir hacia el RIGI”, una definición que revela el horizonte oficial: un esquema fiscal cada vez más liviano para el capital concentrado y más pesado para el trabajo y el consumo.
La recaudación ya muestra señales de ese modelo. Según el texto base, desde hace siete meses cae en términos reales, descontada la inflación, por la reducción de tributos a empresas y sectores de mayores ingresos, además del impacto de la fuerte caída de la actividad económica. Es decir, el Estado resigna ingresos por arriba y busca recomponerlos por abajo.
El Gobierno se comprometió ante el Fondo a presentar antes de fin de año una propuesta para modificar el régimen impositivo nacional. El anzuelo político será que casi la mitad de los “nuevos” recursos iría a las provincias, un argumento diseñado para tentar a gobernadores necesitados de fondos en medio del ajuste nacional.
Pero detrás de esa promesa aparece una transferencia evidente de carga tributaria. Menos retenciones para exportadores. Menos impuesto al cheque para empresas. Menos tributos patrimoniales para sectores de altos ingresos. Más Ganancias para asalariados. Más IVA para consumidores. Fin del monotributo para trabajadores independientes. La reforma que impulsa el FMI no ordena el sistema: lo inclina todavía más contra quienes viven de su ingreso mensual.
En un país con consumo en caída, salarios debilitados y endeudamiento creciente de los hogares, ampliar IVA y Ganancias puede profundizar la recesión social. Porque no es lo mismo bajar impuestos a sectores que acumulan rentabilidad que subir la carga sobre quienes ya destinan casi todo su ingreso a alimentos, servicios, alquileres, transporte y deudas.
La discusión tributaria que prepara el Gobierno no será técnica. Será política. Y el eje de la disputa es sencillo: quién financia al Estado argentino. El FMI ya dio su respuesta. Que paguen menos los de arriba y más los de abajo.