La propuesta de crear una empresa estatal de alimentos, que el peronismo dejó pendiente durante la presidencia de Alberto Fernández, vuelve al debate político luego de los recientes cambios impulsados por Javier Milei a la Ley de Etiquetado Frontal.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, ajusta parámetros de nutrientes críticos y flexibiliza las restricciones publicitarias, desatando críticas de la oposición.
El senador Martín Doñate, del Frente de Todos, retomó el proyecto de una Sociedad Anónima con participación mayoritaria del Estado (SAPEM), con el objetivo de garantizar alimentos saludables y accesibles. “Si podemos alimentar al mundo, debemos ser capaces de hacerlo con nuestro propio pueblo. Esto no es solo una cuestión económica, sino de dignidad y derechos humanos", expresó.
Doñate denunció que la eliminación de los octógonos de advertencia prioriza los intereses de grandes conglomerados alimenticios. “Estos símbolos no son un lujo, son una herramienta de salud pública para frenar los excesos de las empresas que especulan con la alimentación del pueblo argentino”, subrayó.
El peso de las grandes cadenas
El legislador también recordó que supermercados como Carrefour, Coto y La Anónima dominan el mercado y concentran la regulación de precios. “Mientras estas empresas engrosan sus balances, la pobreza alimentaria no deja de crecer. Es urgente una intervención del Estado que proteja a los sectores más vulnerables”, enfatizó.
Experiencias provinciales
Algunas provincias ya avanzaron en la creación de empresas estatales de alimentos. En Santa Cruz, bajo el gobierno de Claudio Vidal, nació “Santa Cruz Puede S.A.U.”, una sociedad 100% estatal orientada a intervenir en el mercado y estabilizar precios. Por su parte, Río Grande, en Tierra del Fuego, opera una empresa municipal que produce hortalizas y pollos frescos. “Reducimos costos y la huella de carbono al producir alimentos en kilómetro cero”, explicó Juan Pablo Deluca, presidente de Río Grande Activa.
En Rosario, Santa Fe, la Empresa Pública de Alimentos (EPA) comercializa productos básicos hasta un 40% más baratos mediante acuerdos con cooperativas locales. “Es una herramienta concreta para avanzar hacia la soberanía alimentaria y combatir la especulación”, sostuvieron desde la Fundación Ciudad Sin Miedo, promotora de la iniciativa.
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