El Concejo Deliberante de Río Gallegos envió a la UNPA su Resolución N°152 instando al Gobierno Nacional a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
El gesto institucional no es menor. Se produce en un momento en que el Consejo Superior de la UNPA emitió una declaración exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025, cuya implementación está pendiente. En paralelo, el mismo Consejo Superior declaró la emergencia salarial de las trabajadoras y los trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Lo que dice la Resolución
En la Resolución el HCD expresa "el firme respaldo de este cuerpo deliberativo a las universidades públicas argentinas en su legítimo reclamo por una adecuada asignación de recursos que garantice su normal funcionamiento".
En los considerandos del instrumento legal se destaca que las universidades "garantizan el derecho a la educación superior sin que la situación económica constituya una barrera, permitiendo que miles de personas accedan a una formación profesional, promoviendo la movilidad social ascendente y contribuyendo a la reducción de desigualdades".
Asimismo, se menciona que las casas de altos estudios "cumplen un rol estratégico en la formación de profesionales, la producción de conocimiento científico y tecnológico y la promoción de la igualdad de oportunidades, constituyéndose como pilares fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico del país".
La resolución también contiene una afirmación de alcance político que no admite interpretaciones ambiguas: "Defender la universidad pública implica también resguardar la soberanía nacional". Además, el HCD reconoce que el desfinanciamiento del sistema universitario repercute directamente en las condiciones laborales de docentes y no docentes e incide en el acceso y la permanencia de los y las estudiantes.
El documento insta también a que otros gobiernos locales se expresen en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, reafirmando el acceso a la educación superior como derecho fundamental.
El contexto: una ley aprobada que el Gobierno no aplica
La Resolución N°152 no surge en el vacío.
El Consejo Superior de la UNPA emitió una declaración exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025, cuya implementación está pendiente, y rechazando el proyecto de modificación de la norma que tomó estado parlamentario recientemente.
La Rectora Puebla sintetizó el problema con precisión: "La ley está aprobada por el Congreso Nacional. Lo que tiene que hacer el Gobierno es respetar la Constitución e implementarla. No obstante eso, hicimos un amparo y firmamos rectores y rectoras de 49 universidades y, por lo tanto, en forma paralela estamos esperando la respuesta de la justicia".
La magnitud del problema salarial que atraviesa el sistema tiene cifras concretas: más del 70% de las y los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza.
El contexto de ajuste presupuestario, la precarización salarial y las condiciones adversas para el desarrollo de las funciones sustantivas —docencia, investigación, extensión— exigen la más amplia unidad para enfrentar los ataques a la universidad pública.
En materia presupuestaria, el cuadro tampoco es alentador para la UNPA en particular: al no contar con una Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2026 aprobada por el Congreso Nacional, en la última sesión ordinaria del año pasado el órgano de gobierno de la UNPA se vio obligado a aprobar una prórroga del Presupuesto 2025 de la institución.
Una acción institucional que apunta hacia afuera
El HCD de Río Gallegos no se limitó a expresar adhesión interna. Al enviar formalmente la resolución a la conducción de la UNPA y al instar a otros municipios a pronunciarse en el mismo sentido, el cuerpo deliberativo convierte una declaración local en una pieza de presión política con proyección regional.
La decisión de Daniela D'Amico de formalizar la entrega del instrumento a la rectora Puebla es también un mensaje hacia el Gobierno Nacional: en Río Gallegos, la defensa de la universidad pública tiene rango de política municipal, no de gesto simbólico. Que eso ocurra mientras la Ley de Financiamiento Universitario —aprobada por el Congreso, sancionada con respaldo transversal— permanezca sin implementación por decisión del Ejecutivo nacional, habla de la dimensión del conflicto que el gobierno de Milei eligió sostener con el sistema universitario argentino.
La UNPA inició el período académico 2026 en un año que se avizora como "complejo" para todas las casas de altos estudios del país, con un presupuesto insuficiente e incertidumbre respecto de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Rectora Puebla señaló que, si no se aplica la ley, las universidades van a tener "una situación salarial de los trabajadores y las trabajadoras que es sumamente compleja".
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