La secretaria de Gobierno municipal, Sara Delgado, cuestionó el manejo provincial del acuartelamiento y responsabilizó al Ejecutivo por la desprotección de los vecinos.
La Municipalidad de Río Gallegos elevó el tono contra el Gobierno provincial en medio del conflicto policial y exigió que se garantice de manera inmediata la seguridad pública. La secretaria de Gobierno del Municipio, Sara Delgado, acusó al gobernador Claudio Vidal de utilizar el reclamo de la fuerza como una herramienta de presión para obtener respaldo legislativo al endeudamiento en dólares que impulsa el Ejecutivo.
La funcionaria del gabinete de Pablo Grasso advirtió que la situación representa un hecho de gravedad institucional, por tratarse de efectivos armados que cumplen funciones esenciales de prevención y protección de la comunidad. En ese marco, cuestionó la respuesta del Gobierno provincial y sostuvo que no alcanza con presentar el acuartelamiento como una medida más dentro de un conflicto salarial.
“Estamos hablando de personas armadas, investidas por el Estado para proteger a la comunidad, que abandonaron tareas esenciales de prevención. No es como dice livianamente la ministra Elmiger, que la policía está ‘en su derecho’ de acuartelarse y listo. Ellos como gobierno tienen que resolver este vacío de seguridad de inmediato”, manifestó Delgado.
La secretaria de Gobierno también apuntó contra el ministro Pedro Prodromos, a quien cuestionó por su actuación frente a la crisis. Según planteó, mientras la provincia atravesaba una situación sensible por la protesta policial y se hablaba del posible desembarco de fuerzas federales, el funcionario participaba de un congreso en un hotel céntrico.
“Mientras miles de santacruceños veían cómo los efectivos armados iniciaban medidas de fuerza y medios oficialistas operaban con el desembarco de fuerzas federales, el ministro Pedro Prodromos disfrutaba de un congreso en un hotel céntrico. Para eso sí hay recursos, pero para que los policías tengan mejores condiciones laborales parece que no. Debería presentar su renuncia”, afirmó.
El Municipio vinculó directamente la crisis de seguridad con la estrategia del Ejecutivo provincial para conseguir autorización legislativa para tomar deuda externa. Delgado sostuvo que el Gobierno viene instalando desde hace meses la idea de que sin endeudamiento no hay margen para pagar salarios, abrir paritarias ni garantizar el funcionamiento del Estado.
Para la funcionaria, el conflicto policial se suma ahora a esa misma lógica de presión. “Hace meses que el gobernador intenta instalar la idea de que sin endeudarnos a 15 años no hay salida. Que sin deuda no hay salarios, no hay paritarias y no hay funcionamiento del Estado. Ahora pretende que los santacruceños crean que también deben resignarse a vivir con incertidumbre y todavía más inseguros si no le aprueban el proyecto. Es una lógica perversa”, señaló.
En ese punto, Delgado fue más allá y acusó al gobernador de usar el reclamo policial como una forma de extorsión política. “¿Qué tiene que salir Prodromos a hablar de la deuda que les pide Caputo? Está claro que Vidal usa el reclamo de la policía para extorsionar con el endeudamiento en dólares”, sostuvo.
La crítica municipal apunta al núcleo del conflicto político que atraviesa Santa Cruz: el pedido de endeudamiento en moneda extranjera, a largo plazo, que el Gobierno provincial busca aprobar en la Legislatura. Para el Municipio, la crisis policial no puede convertirse en un argumento para forzar la aprobación de una herramienta financiera que comprometería el futuro de la provincia.
Delgado afirmó que lo que se observa es “un gobierno que busca utilizar el deterioro de la situación social y económica para convencer a la sociedad de que la única alternativa es hipotecar el futuro de varias generaciones de santacruceños”.
El planteo no se limita al debate económico. Desde Río Gallegos remarcaron que el Ejecutivo provincial tiene la responsabilidad directa de anticipar conflictos, administrar la fuerza de seguridad y garantizar el orden público. En ese sentido, advirtieron que cualquier consecuencia derivada de la falta de protección a los vecinos recaerá sobre el Gobierno provincial.
“El gobernador fue elegido para gobernar y para anticipar conflictos. Desde el Municipio de Río Gallegos le exigimos que cuide el orden público, la tranquilidad de nuestras familias y el derecho de la comunidad a vivir segura”, expresó Delgado.
La funcionaria cerró con una advertencia política fuerte: “Lo hacemos responsable de cualquier consecuencia derivada de la desprotección de nuestros vecinos”.
La posición del Municipio expone una escalada en la disputa entre la gestión de Pablo Grasso y el Gobierno provincial. En medio de un conflicto salarial policial que ya afecta la prestación normal de tareas de seguridad, Río Gallegos exige una respuesta urgente y rechaza que la crisis sea utilizada como justificación para avanzar con deuda externa. El trasfondo es claro: la seguridad pública dejó de ser solo un problema operativo y pasó a ocupar el centro de la pulseada política por el endeudamiento.