A través de un pronunciamiento colectivo, referentes provinciales, nacionales y municipales cuestionaron el endeudamiento por 600 millones de dólares y reclamaron una salida centrada en el pueblo santacruceño.
El rechazo al endeudamiento provincial por 600 millones de dólares sumó un nuevo capítulo político en Santa Cruz. Legisladores provinciales, intendentes, diputados nacionales y senadores difundieron un pronunciamiento colectivo en el que expresaron su oposición al proyecto impulsado por el Gobierno provincial y reclamaron priorizar salarios, obra pública, bienestar social y desarrollo local.
El documento, presentado como un posicionamiento “sin distinciones partidarias” en defensa del pueblo santacruceño, fija como primer punto el rechazo al endeudamiento en moneda extranjera y bajo jurisdicción de tribunales extranjeros. Para los firmantes, una operación de esa magnitud compromete la soberanía y el futuro de la provincia.
El planteo aparece en medio de una discusión cada vez más intensa sobre el proyecto del Ejecutivo provincial para tomar deuda por 600 millones de dólares. La declaración advierte que cualquier mecanismo financiero de ese tipo, especialmente si queda atado a tribunales fuera del país, pone en riesgo la capacidad de Santa Cruz para decidir sobre sus propios recursos.
La segunda prioridad marcada por el pronunciamiento es el salario y el bolsillo de las familias. Los firmantes sostienen que los recursos provinciales deben destinarse de manera urgente a dar respuestas a trabajadores y trabajadoras provinciales y municipales, atravesados por una pérdida profunda del poder adquisitivo. “La recomposición salarial no puede seguir esperando”, remarcaron.
El documento también pone el foco en la obra pública como herramienta para reactivar la economía. Según el texto, la inversión pública debe orientarse a generar empleo, dinamizar las economías locales y mejorar la calidad de vida de los santacruceños. En esa línea, el mensaje busca correr el eje de la discusión financiera hacia una agenda de trabajo, infraestructura y desarrollo territorial.
Otro punto sensible es el reclamo por fondos para el bienestar social. Los firmantes sostienen que existen recursos presupuestarios y extra presupuestarios suficientes, y piden que no sólo se mantenga sino que se redistribuya de manera equitativa la obra pública en los municipios de toda la provincia. También reclaman una recomposición urgente del salario de los trabajadores del Estado para motorizar el consumo y reactivar la economía regional.
El pronunciamiento incorpora además una discusión de fondo sobre la arquitectura financiera provincial. Plantea la necesidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación que garantice mayor autonomía para los municipios y financiamiento genuino para las cajas de servicios y previsión social. Ese reclamo se suma a los planteos que distintos intendentes ya vienen realizando sobre una distribución más federal de los recursos provinciales.
La declaración convoca al Gobierno provincial a abrir un puente de diálogo para construir alternativas de manera conjunta. El mensaje insiste en que el centro de cualquier decisión debe estar puesto en el pueblo santacruceño, con prioridad en el trabajo, los salarios, la obra pública y el desarrollo. La frase final del documento resume el tono político del planteo: no hay desarrollo posible si las familias santacruceñas no pueden llegar a fin de mes.
Entre los firmantes figuran los diputados Carlos Santi, Carlos Alegría, Carlos Godoy, Daniel Peralta, Eloy Echazú, Lorena Ponce, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora, Javier Jara y José Bodlovic. También acompañan los intendentes Aldo Aravena, Antonio Carambia, Darío Menna, Javier Belloni, Pablo Grasso, Zulma Neira y Juan Raúl “Pirri” Martínez.
El documento fue suscripto además por los diputados nacionales Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan, junto a los senadores José María Carambia, Alicia Kirchner y Natalia Gadano. La amplitud de las firmas le da volumen político al rechazo y muestra que la discusión por la deuda empieza a ordenar una posición común entre referentes de distintos niveles institucionales.
El mensaje público cierra con una consigna directa: “Antes que el endeudamiento, está el pueblo. Antes que la deuda, están las familias santacruceñas”. Con esa definición, los firmantes buscan instalar un límite político al proyecto del Ejecutivo y empujar una agenda alternativa basada en recursos disponibles, recomposición salarial, obra pública, autonomía municipal y diálogo institucional.
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