El ex titular de la ANDIS volvió a guardar silencio ante el juez Lijo. La causa investiga un desvío de más de 75 mil millones de pesos en perjuicio de personas con discapacidad.
Desde este martes y hasta fines de mayo, 35 imputados en la causa ANDIS desfilarán por los tribunales federales de Comodoro Py en lo que será la segunda tanda de indagatorias ordenada por la Justicia en el marco del primer caso de corrupción en el gobierno de Javier Milei.
El que abrió la ronda fue el más emblemático:
Diego Spagnuolo se presentó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, pero se negó a declarar. Ante el fiscal, el abogado hizo uso de su derecho a guardar silencio, y por el momento tampoco presentará un descargo.
El exfuncionario libertario, que también se desempeñó como abogado del presidente Javier Milei, permaneció cerca de una hora en Comodoro Py y, al retirarse, apenas esbozó una respuesta ante la prensa: aseguró que dará explicaciones "más adelante" y que esa instancia "no es la única oportunidad" para hacerlo.
El silencio como estrategia procesal tiene una lógica: hablar implica riesgos que callar no tiene. Pero también manda un mensaje político que el propio gobierno de La Libertad Avanza preferiría no estar recibiendo.
La causa que investiga a Spagnuolo no es menor en ninguno de sus aspectos.
El fiscal detectó "nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo", maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 provenientes del erario estatal en favor de un reducido grupo empresarial.
Ese dinero era el presupuesto del Programa Incluir Salud: plata de los discapacitados.
Las maniobras ilícitas se habrían desarrollado, en principio, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la Agencia, que en ese período dependía del Ministerio de Salud de la Nación.
El arco temporal es preciso y políticamente incómodo: abarca casi la totalidad de la gestión libertaria hasta la fecha.
El esquema y sus engranajes
La investigación, a cargo del juez Ariel Lijo e impulsada por el fiscal Franco Picardi, busca determinar la existencia de un esquema de sobreprecios, cartelización y desvío de fondos públicos en la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Según la acusación, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, con un reducido grupo de empresas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo que simulaban competencia para asegurar adjudicaciones previamente acordadas.
Un elemento central en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024.
En el rubro medicamentos, ese sistema fue utilizado mediante compulsas de precios "especiales" a las que solo fueron invitadas un grupo reducido de firmas: Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA. Dos de esas empresas habrían actuado como competidores simulados, distribuyéndose de antemano las asignaciones y simulando una competencia inexistente, lo que llevó a la obtención de 21 licitaciones "acotadas" por un total de $30.337.220.919, principalmente adjudicadas a Profarma SA.
Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.
La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
El dato es necesario para dimensionar el daño: no se trata de sobreprecios en papel o mobiliario de oficina, sino de insumos médicos que personas con discapacidad no recibieron o recibieron con demoras mientras el dinero circulaba hacia otros bolsillos.
El rol de Spagnuolo en ese entramado es, para la acusación, el de quien habilitó todo.
El dictamen fiscal sostiene que su rol jerárquico fue "esencial" para generar las condiciones que permitieron direccionar contrataciones a determinados proveedores a cambio de retornos económicos. Incluso, se investiga si parte de esos fondos regresaban al propio exfuncionario mediante pagos directos o la adquisición de bienes.
El fiscal Picardi detectó transferencias desde la empresa Indecomm SRL, propiedad del lobista Calvete, hacia una mueblería para adquirir equipamiento destinado a la vivienda particular de Spagnuolo en el barrio cerrado "Altos de Campo Grande". También se verificó que el entonces funcionario realizó una remodelación millonaria de la propiedad y pagó con dólares en efectivo cuyo origen no pudo justificar con sus ingresos formales. En su caja de seguridad se hallaron 82.000 dólares y cerca de 3.000 euros no declarados ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción.
La estrategia de los audios
La defensa de Spagnuolo tiene un argumento recurrente: los audios que destaparon el escándalo son falsos, o al menos están adulterados.
Trascendió que el exdirector del organismo no realizará ningún tipo de declaraciones hasta que no se lleve a cabo la pericia de los audios que impulsaron su salida de la Agencia. Tanto Spagnuolo como otros implicados, que pidieron la nulidad de la causa, aseguran que la presunta "falsedad de los audios" podría comprometer la investigación.
Para el fiscal del caso, Franco Picardi, en cambio, los audios son accesorios y no constituyen una prueba angular en su acusación. La distinción no es menor: si la hipótesis fiscal es correcta, la eventual declaración de nulidad de los audios no arrastraría consigo el resto de la prueba reunida. La defensa apuesta a que sí lo haría.
Un pronunciamiento pendiente de los jueces de la Sala II Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah tiene que ver con la utilización en la causa de los audios que dio a conocer el streaming Carnaval y que destaparon el escándalo. Según el juez Casanello y el fiscal Picardi, ese material no se utilizó para la investigación. La defensa había jugado esa carta meses atrás, con una pericia privada que detectó alteraciones del contenido, y posteriormente logró una resolución favorable de los camaristas, que le pidieron al juez que determine el origen y la veracidad de esas grabaciones.
La Cámara tiene en sus manos una decisión que podría marcar el ritmo de todo lo que viene.
Garbellini también calló, Calvete declara el miércoles
Las indagatorias continuaron con quien fuera el segundo a cargo de la ANDIS, Daniel María Garbellini, quien también se negó a declarar. Al igual que Spagnuolo, tampoco presentó un escrito.
Garbellini era el director de Acceso a los Servicios de Salud y administraba el Programa Incluir Salud, y habría desempeñado un papel central en la instrumentación del esquema, interviniendo en la selección de proveedores y la coordinación de compulsas.
El lobista Miguel Ángel Calvete, presunto nexo con laboratorios y droguerías y hoy preso en la cárcel de Ezeiza, junto a Arnaudo, están citados a declarar el miércoles.
Calvete es el personaje que conecta el mundo privado con las entrañas del organismo: habría articulado las adjudicaciones y se benefició de los retornos, impartiendo órdenes directas y gestionando pagos.
El magistrado también dispuso la inhibición general de bienes de los involucrados, al considerar que existen indicios de posibles maniobras para desprenderse de activos que podrían haber sido obtenidos a través de los hechos investigados y que, eventualmente, deberían ser recuperados por el Estado.
La causa ANDIS es, hasta ahora, el mayor escándalo de corrupción documentado en lo que va de la gestión Milei.
Quien procesó a Spagnuolo y al resto de los implicados fue el juez Sebastián Casanello, que hasta febrero de este año subrogaba el juzgado 11. Vencida esa suplencia, el juzgado pasó a manos del juez Ariel Lijo, que aceptó el pedido de ampliación de Picardi y convocó a Spagnuolo a una nueva indagatoria.
El expediente, entonces, está en manos de uno de los jueces federales más conocidos del país, con todas las implicancias políticas que eso conlleva.
Spagnuolo llegó a la ANDIS de la mano de Milei, lo defendió en causas penales antes de asumir el cargo y fue colocado al frente de un organismo que maneja fondos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad. Que ese organismo haya sido, según la acusación, el escenario del primer gran escándalo de la era libertaria no es un dato menor. Es, en todo caso, el tipo de dato que la dirigencia que prometió "motosierra a la casta" preferiría que no circulara con esta extensión y con estos nombres propios.
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