Sobre un total de 714 solicitudes crediticias de trabajadores, menos del 15% fueron aprobados con menores montos y más intereses que los otorgados a los funcionarios de la Libertad Avanza.
En un intento por demostrar que se impuso la discrecionalidad en el reparto de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y diputados aliados de La Libertad Avanza, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) activó a 714 afiliados para que iniciaran el trámite oficial para acceder al mismo beneficio.
El resultado fue contundente y no sorprendió a nadie que venía siguiendo el escándalo:
el banco habilitó menos del 15% de los pedidos y, en esos casos, asignó sumas considerablemente más bajas que las de nueve cifras que consiguieron los funcionarios.
De las 714 solicitudes, 623 pedidos fueron rechazados de manera inmediata, unos pocos casos se aprobaron, pero con cifras insuficientes, y hay otros casos restantes que continúan todavía en trámite sin una resolución.
El experimento y su metodología
Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones.
Desde el gremio resaltaron que el monto máximo asignado fue de 55 millones de pesos para un trabajador en relación de dependencia, de PAMI, con ingresos superiores a los 2 millones de pesos.
Y lo contrastaron con los más de 400 millones que llegaron a darle a funcionarios del entorno presidencial que tienen salarios similares.
ATE remarcó que no solo existe una clara diferencia en cuanto a los montos, sino también en las condiciones: las tasas de interés subsidiadas, en el caso de los funcionarios, son del 4% nominal anual, y se les permitió financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto se le permite hasta el 75%.
Los casos VIP que motivaron el experimento
El escándalo tiene nombre y apellido. Al menos 25 miembros del oficialismo recibieron financiamiento hipotecario por un total de 6.500 millones de pesos, en un período en que el propio Gobierno denostaba a la banca pública y trabajaba activamente en su privatización.
Entre esos 25 beneficiarios figuran siete integrantes del equipo económico del ministro Luis Caputo, diez diputados del bloque oficialista o aliados, dos funcionarios de la Presidencia, dos de Capital Humano, uno de Jefatura de Gabinete, uno de Defensa, un director de YPF y el sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La situación de Furiase es de las más llamativas: el secretario de Finanzas recibió 367 millones de pesos.
Se investiga que habría utilizado ese dinero para comprarse una tercera casa, cuando la línea es para segundas viviendas. La solicitud fue realizada el 24 de julio y, unas semanas después, a mediados de agosto la vivienda ya estaba escriturada: un trámite en tiempo récord, frente a los seis meses que se demora habitualmente.
Lo que además complica a Furiase es su doble rol como director del Banco Central en 2025 y beneficiario del Banco Nación.
Sharif Menem, de 24 años, consiguió su primer trabajo registrado en la Cámara de Diputados de la mano de su tío, Martín Menem. A pesar de tener un cargo transitorio, obtuvo un préstamo de 357 millones de pesos.
Villaverde habría accedido a un préstamo pese a estar embargada en una causa por presunta estafa inmobiliaria. Su solicitud había sido inicialmente rechazada en una sucursal, pero luego fue aprobada en la casa central del banco, lo que generó sospechas sobre posibles intervenciones discrecionales.
Lo que el banco exigió a los trabajadores y perdonó a los funcionarios
Aguiar también cuestionó que, en el caso de los estatales, tuvieron que informar si existen deudas, cuáles fueron sus gastos en tarjetas de crédito, préstamos y pago de servicios. Cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no solo embargada, sino también procesada por la Justicia.
En algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público, por carecer de estabilidad.
La paradoja es que esa misma inestabilidad laboral que el sistema de scoring penaliza en un monotributista estatal no impidió que el Banco Nación aprobara el crédito de Leandro Massaccesi, jefe de Gabinete de Capital Humano, quien fue desvinculado del cargo poco después de conocerse el beneficio que había recibido.
La posición del gobierno y el estado judicial
El presidente del BNA, Darío Wasserman, intentó aclarar que "no hubo irregularidades ni tratos preferenciales" dado que todos cumplieron con los requisitos de "evaluación crediticia y el scoring habitual".
Desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano.
El experimento de ATE desmiente esa afirmación de manera empírica.
El gremio respondió a la postura oficial al afirmar que el nivel de ingreso general que detalla el propio INDEC —$1.321.353 en promedio— torna imposible acceder a estos créditos, concluyendo que el esquema vigente excluye a la mayoría de los trabajadores.
En sede judicial, la diputada Mónica Frade amplió la denuncia judicial ante la jueza Capuchetti; una segunda denuncia tramita ante el juez Ariel Lijo.
Antes de conocer los detalles de cada caso y el respectivo expediente, ya hay claras violaciones a la norma. De acuerdo con la Ley de Ética Pública, ninguna fuerza que gobierne y conduzca el banco les puede dar créditos a funcionarios propios, hay conflicto de intereses evidentes", explicó Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación.
El telón de fondo: paritarias congeladas y poder adquisitivo destruido
El contraste se vuelve más brutal cuando se lo mira en perspectiva salarial. Los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras, realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.917.049 en el sector público en los últimos dos años.
"Los créditos del Banco Nación otorgados a los funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa. El gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna. Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna", reclamó Aguiar.
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