El gobierno de la LIBERTAD, bloqueó el acceso de sesenta periodistas acreditados y generó denuncias penales, una presentación ante la CIDH y repudio opositor en el Congreso.
El gobierno de Javier Milei cerró la sala de periodistas de la Casa Rosada el jueves 23 de abril, en lo que constituye una medida sin antecedentes desde el retorno de la democracia en 1983.
La sala de periodistas quedó cerrada por primera vez en la historia argentina y ningún comunicador pudo acceder a la sede de la Presidencia, ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.
La decisión fue una respuesta directa del Ejecutivo a la difusión de imágenes grabadas en los pasillos de la Casa Rosada por el periodista Ignacio Salerno, del programa ¿Y mañana qué? de TN. Salerno presentó el domingo previo un informe en el que mostró imágenes del patio de las palmeras, escaleras internas y despachos con la puerta abierta —espacios comunes de paso cotidiano para los periodistas acreditados—, filmadas con anteojos inteligentes.
El gobierno no tardó en judicializar el episodio.
El jefe de la Casa Militar, general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a raíz del informe emitido el domingo 19 de abril.
Se solicitó que se investigara a los periodistas y a la producción del canal bajo los artículos 222 y 223 del Código Penal, que reprimen la revelación de secretos de Estado con penas que pueden llegar hasta los seis años de prisión.
Pero la respuesta del gobierno no se limitó a la denuncia contra los dos periodistas de TN. Se eliminaron las huellas digitales registradas de los periodistas y se dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones 2025, lo que en la práctica bloqueó el acceso a la sede de Gobierno hasta nuevo aviso.
Por el momento, no existió un comunicado oficial al respecto y los trabajadores de prensa recibieron la noticia de la prohibición de su ingreso en las rejas de acceso a la casa de gobierno.
La justificación oficial fue la de siempre: seguridad nacional.
"La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional", dijo Javier Lanari, secretario de Comunicación de la Presidencia.
Sin embargo, el sorpresivo cierre significó una adaptación de las reglas que el propio gobierno había impuesto un año antes para el trabajo de los periodistas acreditados en el palacio presidencial.
Esa contradicción no pasó inadvertida.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, señaló que el hecho de no poder garantizar la seguridad frente a unos anteojos comerciales que se venden en cualquier lado solo habla de la incapacidad del gobierno de controlar el acceso en su propia sede, y que llamarle "espionaje ilegal" a eso es ignorancia jurídica. "No hubo ningún espionaje ilegal. Déjenlos trabajar, porque así no se puede vivir en una República", remarcó.
Tampoco pasó inadvertida la actitud del propio Milei. Mientras sus funcionarios intentaban presentar la medida como una decisión técnica y preventiva, el presidente subió el tono en las redes: publicó insultos dirigidos a los periodistas involucrados y, según reportes de La Política Online,
el viernes Milei retuiteó una imagen de Geuna esposada y vestida con un mameluco naranja, utilizado en las cárceles de Estados Unidos.
La reacción institucional no se hizo esperar.
La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) presentó una denuncia penal contra el presidente Milei por haber impedido el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, y la presentación alcanza también al jefe de Gabinete Manuel Adorni, al secretario de Comunicación y Medios Javier Lanari y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.
En su denuncia, Pagano advirtió que "la medida fue adoptada de facto, sin acto administrativo fundado que la respalde, sin notificación individual a los periodistas afectados, sin sumario previo ni resolución motivada".
El expediente de Pagano no fue el único.
Los diputados de Unión por la Patria Sabrina Selva, Germán Martínez, Nicolás Trotta, Juan Marino, Lorena Pokoik y Raúl Hadad presentaron un proyecto en el que expresan su "profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prohibir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada".
El conflicto también alcanzó la dimensión internacional.
La discusión llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo del sistema interamericano que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales de DD HH. Se le solicitaron medidas cautelares urgentes para que el Estado argentino cese de forma inmediata la prohibición y se comprometiera a no repetirla. También se pidió al organismo que inste a las altas autoridades del Estado a cesar de emitir "declaraciones estigmatizantes oficiales" en perjuicio de los periodistas.
La presentación fue realizada por la diputada Pagano y un día después llegó el acuse de recibo por parte de la CIDH.
En el Congreso, la oposición buscó hacer de la Cámara una caja de resonancia del episodio.
El diputado Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, confirmó que el jueves siguiente, a las 10, habrá una autoconvocatoria en la que el Legislativo dará voz a los periodistas excluidos con el cierre de la sala. "Esto es inconstitucional porque viola los principios de acceso a la libertad de expresión y ejercicio de la libertad de prensa", subrayó.
El mecanismo institucional, sin embargo, tiene sus límites.
Pese al carácter inédito de lo ocurrido, la comisión de Libertad de Expresión tendrá un funcionamiento limitado: su titular, el mileísta Guillermo Montenegro, es el único con potestad de citarla oficialmente, salvo que lo emplace todo el cuerpo de la Cámara.
Lo que queda en evidencia, más allá del episodio puntual de los anteojos con cámara, es la lógica de escalada progresiva.
Otros gobiernos habían intentado cerrar la Sala de Periodistas —fue el caso de la administración de Carlos Menem— o trasladarla al segundo piso para dificultar la tarea de la prensa, como planeó sin concretarlo Mauricio Macri, pero ninguno jamás avanzó en su cierre efectivo.
La CGT emitió un crítico comunicado y dijo que "ni en la dictadura" se vio algo así, mientras la diputada Pagano presentaba la denuncia penal contra Milei y otros tres funcionarios del Ejecutivo.
La medida es, en definitiva, la culminación de un patrón: el gobierno de Milei lleva dos años construyendo una estrategia que, en palabras del propio presidente, apunta a ganar "la batalla cultural".
El gobierno prohibió a los periodistas acreditados ingresar a Casa Rosada en una medida sin antecedentes ni siquiera durante la dictadura, que tensó aún más la relación que venía áspera por los constantes ataques del Presidente a la prensa.
El interrogante que queda abierto no es si habrá más episodios de este tipo, sino cuándo.
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