El caso Fernando Cerimedo sumó este lunes una derivación que ya no se limita a las investigaciones contra el consultor argentino y alcanza directamente al entorno del presidente boliviano Rodrigo Paz.
El vicepresidente Edmand Lara difundió públicamente una grabación que atribuyó a Cerimedo y a la primera dama María Elena “Bibi” Urquidi. En la conversación se habla sobre autoridades policiales y, particularmente, sobre la continuidad del entonces comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol.
La autenticidad del audio todavía no fue determinada mediante una pericia. Esa condición resulta central antes de extraer conclusiones sobre su contenido o sobre las personas a las que se atribuyen las voces.
Lara sostuvo que la grabación demostraría la influencia que Cerimedo ejercía dentro del Gobierno y anunció que el material sería entregado al Ministerio Público. El vicepresidente incluso afirmó que Bolivia estaba siendo gobernada por “una persona extranjera”, una acusación política que deberá contrastarse con la evidencia que pueda reunir la investigación.
El contenido conocido agrega elementos sensibles. En uno de los pasajes, la voz atribuida a Cerimedo habla sobre la necesidad de remover a Sokol y menciona una reunión con el Presidente. La difusión se produjo el mismo día en que se conoció la salida del jefe policial, una coincidencia que incrementó el impacto político de la grabación, aunque por sí sola no demuestra una relación causal entre ambos hechos.
La primera objeción importante apareció rápidamente. Nadia Beller, expareja de Cerimedo y denunciante en la causa por tentativa de feminicidio, aseguró que la voz masculina no corresponde al consultor. También manifestó dudas sobre la voz atribuida a Urquidi.
Su apreciación tampoco resuelve la discusión. La identidad de quienes hablan deberá establecerse mediante procedimientos técnicos y no a partir de reconocimientos personales o interpretaciones políticas.
El episodio adquiere otra dimensión por una advertencia realizada días antes por el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. El jefe del Ministerio Público afirmó que no permitirá interferencias ni seguimientos sobre los fiscales encargados de investigar a Cerimedo y advirtió sobre consecuencias para funcionarios que intenten obstaculizar las pesquisas.
Desde el Gobierno de Rodrigo Paz rechazaron posteriormente cualquier injerencia y aseguraron que el Ministerio Público cuenta con libertad para investigar. La aparición del audio coloca ahora esa disputa institucional bajo una presión todavía mayor.
Mientras la discusión política escala, Cerimedo permanece detenido en Palmasola. La Justicia dispuso una segunda prisión preventiva por seis meses dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y ordenó que sea cumplida en Chonchocoro, el penal de máxima seguridad ubicado en La Paz. Su defensa cuestionó la decisión.
El propio Cerimedo negó tener poder dentro del Ejecutivo boliviano, aunque reconoció su vínculo personal con Rodrigo Paz. “No tengo influencia en el Gobierno, le di consejos al presidente como amigo”, sostuvo desde prisión.
Esa admisión vuelve todavía más relevante determinar cuál era el alcance efectivo de esa relación. Hasta este punto de las investigaciones se conoce que existía contacto entre ambos, pero todavía deberá establecerse si Cerimedo tenía capacidad concreta para intervenir en decisiones gubernamentales y, eventualmente, bajo qué condiciones lo hacía.
El audio puede convertirse en una pieza importante para responder esa pregunta, pero todavía no lo es. Primero deberá comprobarse que la grabación es auténtica, que no fue manipulada y que las voces pertenecen efectivamente a las personas señaladas.
El caso entra así en un terreno especialmente delicado. Si las pericias confirman la autenticidad, la Fiscalía deberá determinar qué significaban esas conversaciones y si tuvieron consecuencias sobre decisiones del Estado. Si la atribución resulta falsa o el archivo fue alterado, también deberá investigarse cómo se produjo y con qué finalidad fue puesto en circulación.
Hasta entonces, lo comprobable es que el vicepresidente de Bolivia llevó al Ministerio Público una grabación que apunta directamente al entorno presidencial, mientras la Fiscalía ya había advertido que no aceptaría interferencias en las investigaciones alrededor de Cerimedo.
La discusión dejó de concentrarse únicamente en qué delitos pudo haber cometido el consultor argentino. Ahora existe una pregunta política e institucional que las investigaciones deberán responder: cuánto poder llegó a acumular Cerimedo alrededor del gobierno de Rodrigo Paz y hasta dónde alcanzaba realmente su capacidad de influencia.