La denuncia presentada por Pedro Luxen coloca al Gobierno de Claudio Vidal frente a una situación que no puede resolverse con silencio ni atribuirse a una pelea política. El denunciante es el jefe de Gabinete de Santa Cruz y la institución señalada es la propia Policía provincial.
Está verificado que Luxen ocupa formalmente la Jefatura de Gabinete desde el 1° de marzo de 2026. También que denunció ante la Fiscalía de Primera Instancia N° 2 de Río Gallegos presuntos seguimientos sobre él, su esposa y propiedades familiares, y que pidió protección de fuerzas federales. La presentación menciona un Peugeot 208 cuyo dominio correspondería a la Policía de Santa Cruz.
Eso no prueba todavía que existiera espionaje ilegal. Mucho menos quién lo habría ordenado. Pero alcanza para abrir una pregunta institucional inevitable: si un móvil policial fue utilizado para vigilar a uno de los funcionarios más importantes del Ejecutivo, ¿quién autorizó su uso?
La respuesta debería poder reconstruirse sin demasiadas zonas grises. Un vehículo oficial tiene asignación, responsables, registros de movimiento y superiores. Si hubo más agentes, relevos o una tarea organizada, como sostiene la denuncia, la investigación tendrá que avanzar más allá de quien estuviera sentado dentro del automóvil.
Allí aparece Diego Agüero, jefe de la Policía de Santa Cruz. No existe evidencia pública que permita atribuirle una orden de seguimiento, pero sí tiene una responsabilidad institucional concreta: explicar si la conducción conocía alguna actuación sobre Luxen, a qué dependencia pertenecía el vehículo denunciado y quiénes lo utilizaron.
Por encima está Pedro Pródromos, ministro de Seguridad. Su responsabilidad tampoco puede confundirse con una imputación penal. Pero políticamente debe garantizar que se preserven registros, libros de guardia, asignaciones de móviles, comunicaciones y cualquier otra evidencia que pueda requerir la Fiscalía.
Y finalmente está Claudio Vidal.
El gobernador tampoco puede ser vinculado con una eventual orden sin pruebas. Pero no puede considerarse ajeno a lo ocurrido. Luxen es su jefe de Gabinete, Pródromos integra su gabinete y Agüero conduce la fuerza policial de su Gobierno.
Además, Vidal fijó públicamente una vara con la que ahora será evaluado. Cuando desplazó al ministro Juan Mata en mayo sostuvo: “No voy a defender lo indefendible” y aseguró que había llegado para “cambiar una forma de hacer política” y gobernar con transparencia.
La denuncia de Luxen pone ese discurso a prueba en el lugar más incómodo: puertas adentro.
La transparencia es sencilla cuando se aplica sobre un adversario o un funcionario que ya cayó en desgracia. Su verdadero costo aparece cuando obliga a revisar la propia estructura de poder, entregar documentación y aceptar que una investigación avance hacia donde tenga que avanzar.
Por eso el problema no debería reducirse a determinar si existió un seguimiento irregular. Si la denuncia se confirma, habrá que reconstruir toda la cadena: quién utilizó los móviles, quién conocía la tarea, quién la supervisó y quién dio la orden.
Y si no existió una operación ilegal, el Gobierno también necesita demostrarlo con documentos.
Vidal prometió cambiar prácticas. Este caso puede convertirse en una oportunidad para demostrarlo o en una contradicción difícil de explicar.
Porque hay algo que ya resulta institucionalmente anómalo incluso antes de conocer el desenlace judicial: el jefe de Gabinete de Santa Cruz denunció que podría estar siendo vigilado por la Policía de su propio Gobierno y pidió protección fuera de esa fuerza.
La Justicia determinará responsabilidades penales.
Pero la responsabilidad política de transparentar es del Gobernador Claudio Vidal y sus funcionarios que hoy eligen el silencio.