El conflicto salarial en el Poder Judicial de Santa Cruz volvió a escalar este jueves, luego de que trabajadores judiciales recibieran descuentos en sus haberes por las medidas de fuerza realizadas entre fines de julio y comienzos de agosto.
La Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio” se instaló frente al Tribunal Superior de Justicia para reclamar la devolución de los montos descontados y exigir el cumplimiento de la recomposición salarial que, según sostiene el sindicato, permanece pendiente desde comienzos de año.
El reclamo salarial tiene antecedentes concretos. Esta semana el gremio volvió a presentar formalmente ante el TSJ un pedido para que se cumplan las Actas Paritarias 273/25 y 279/25, correspondientes a acuerdos alcanzados durante 2025 y posteriormente instrumentados mediante resoluciones del propio Tribunal.
Según Judiciales, el cronograma de recomposición lleva alrededor de nueve meses interrumpido. En julio se abonó un 4% correspondiente a enero de 2026, pero la organización sostiene que todavía quedan porcentajes y períodos pendientes.
En ese contexto llegó la decisión del Tribunal Superior de descontar diez jornadas a quienes participaron de las medidas de fuerza del 27 al 31 de julio y del 3 al 7 de agosto. Además de la reducción proporcional por esos días, la resolución contempla la pérdida completa del presentismo correspondiente a julio y agosto.
La decisión fue tomada por mayoría y no por unanimidad. Cuatro vocales del Tribunal votaron en disidencia al considerar, entre otros argumentos, que no contaban con todos los elementos necesarios para evaluar el impacto concreto de las medidas de fuerza sobre el servicio de Justicia.
Desde el sindicato cuestionaron que el Poder Judicial avance rápidamente con los descuentos mientras continúa sin completar compromisos salariales previamente acordados.
La protesta sumó otro elemento durante la jornada. Según informó la organización gremial, al llegar al Tribunal encontró presencia policial y posteriormente fue notificada de que el presidente del TSJ se encontraba viajando hacia la Zona Norte junto con otros vocales. A partir de allí cuestionó que existan recursos para traslados y viáticos mientras se argumentan dificultades presupuestarias para afrontar la recomposición salarial. Este señalamiento corresponde al gremio y no implica, por sí solo, que esos gastos tengan relación presupuestaria directa con los fondos salariales reclamados.
La discusión de fondo permanece abierta. El Tribunal sostiene el principio de que no corresponde pagar por jornadas en las que no existió prestación laboral. Los trabajadores, en cambio, ubican los paros dentro de un conflicto provocado por compromisos salariales que consideran incumplidos y una negociación que no consiguió destrabarse.
Mientras ambas posiciones chocan, hay un dato que mantiene vivo el conflicto: los descuentos ya fueron aplicados, pero el reclamo por la recomposición salarial continúa sin resolverse.