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Milei echó a todo el personal civil de Olivos y entregó el control a la Casa Militar

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Milei echó a todo el personal civil de Olivos y entregó el control a la Casa Militar

La Casa Militar asumirá el control de la residencia y parte del personal civil fue desplazado. Distintas fuentes atribuyen la decisión a filtraciones y conflictos internos.

Javier Milei dispuso una fuerte reorganización en la Quinta de Olivos que incluye el desplazamiento de personal civil y el traspaso del control de la residencia a la Casa Militar.

La versión oficial sostiene que la medida busca elevar los estándares de seguridad y eficiencia. La Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, asumirá progresivamente las funciones de seguridad, administración y control del predio, con un plazo de hasta 60 días para completar la transición.

El cambio implicó además la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial. Distintas fuentes consultadas por medios nacionales hablan de entre 10 y 20 trabajadores despedidos o desplazados, mientras otros empleados serían reubicados.

En paralelo, La Política Online atribuyó la decisión a un fuerte enojo de Milei por filtraciones internas. Según esa versión, uno de los detonantes habría sido la difusión de una compra de 29 toneladas de carne por más de $500 millones y otro episodio relacionado con la descompensación de uno de sus perros. Esos motivos no fueron confirmados oficialmente.

La publicación también sostuvo que parte de las tareas de cocina y servicio serán cubiertas por personal de las Fuerzas Armadas. Infobae confirmó que funciones como cocina, limpieza y atención interna pasarán a depender de la estructura de la Casa Militar.

La reorganización alcanza además a Osvaldo Javier Sosa, quien estaba al frente de la administración de la residencia y es cuñado de Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei. En torno a ese grupo ya existían cuestionamientos políticos por una licitación de mantenimiento y jardinería de Olivos por unos $700 millones, denunciada meses atrás por la diputada Marcela Pagano. Esa presentación constituye una denuncia política y no una determinación judicial de irregularidades.

El episodio expone una combinación de versiones internas, despidos y cambios de estructura que el Gobierno presenta como una reorganización de seguridad, mientras otras fuentes describen un clima de creciente desconfianza dentro de la residencia presidencial.

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