La situación financiera de la Municipalidad de Caleta Olivia abrió un nuevo frente de discusión política. El Ejecutivo busca autorización del Concejo Deliberante para recurrir a financiamiento bancario y diferir pagos a proveedores, con el objetivo de afrontar compromisos salariales y el aguinaldo. Sin embargo, el concejal Carlos Aparicio cuestionó la falta de información sobre las obligaciones pendientes y advirtió que las operaciones podrían comprometer una parte importante de los recursos municipales de 2027.
La controversia gira alrededor del Proyecto de Ordenanza Nº 527/26, que contempla dos herramientas financieras: la emisión de cheques de pago diferido para cancelar deudas con proveedores y la utilización de un adelanto en cuenta corriente del Banco Santa Cruz para atender el pago de salarios y aguinaldos.
La discusión no pasa por desconocer los derechos de los trabajadores municipales. Aparicio sostuvo que el cobro de los haberes debe estar garantizado, pero planteó que esa obligación no puede utilizarse como argumento para aprobar nuevas operaciones financieras sin conocer previamente su costo, alcance y consecuencias.
Entre los principales cuestionamientos aparece la ausencia de información detallada sobre el monto total que necesita el Municipio, las obligaciones acumuladas con proveedores y las condiciones bajo las cuales se accedería al financiamiento bancario.
Frente a este escenario, Aparicio anunció la presentación de un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Hacienda para conocer el estado de la deuda flotante al 31 de octubre de 2026. El requerimiento busca identificar a cada acreedor, la antigüedad de las obligaciones y los conceptos de los gastos pendientes.
También solicita la nómina de proveedores incluidos en el esquema de pagos diferidos, los montos correspondientes, las órdenes de compra y las partidas presupuestarias utilizadas. A esa documentación se suman las proyecciones de ingresos y egresos para enero, febrero y marzo de 2027, junto con el detalle de la masa salarial y el aguinaldo.
Otro aspecto que deberá esclarecer el Ejecutivo es el costo de la operación con el Banco Santa Cruz. El concejal pretende conocer las tasas de interés, las comisiones, los gastos administrativos y las condiciones de devolución de los fondos.
La preocupación se concentra especialmente en los primeros meses del próximo año. Según el análisis de Aparicio, el mecanismo propuesto podría comprometer hasta el 40% de los recursos correspondientes a enero, febrero y marzo de 2027, una situación que reduciría la disponibilidad financiera para sostener servicios, ejecutar obras y afrontar eventuales recomposiciones salariales.
El planteo encuentra un antecedente reciente. A fines de octubre, La Bisagra Noticias informó sobre los cuestionamientos al mismo proyecto y señaló que la iniciativa no establecía un monto máximo de endeudamiento ni un límite para los intereses. También consignó que se solicitaría suspender su tratamiento hasta contar con la documentación necesaria.
La discusión se desarrolla, además, en un Municipio que ya declaró la emergencia económica, administrativa y financiera. A fines de agosto, el Concejo Deliberante aprobó esa medida por mayoría, luego de negociaciones y modificaciones al planteo original del Ejecutivo encabezado por el intendente Pablo Carrizo.
En este contexto, Aparicio también advirtió sobre la falta de presentación del Presupuesto Municipal 2027, documento que permitiría analizar las previsiones oficiales de ingresos, gastos e inversiones antes de autorizar compromisos financieros que alcanzarían al próximo ejercicio.
El conflicto sumó otro capítulo a partir de las declaraciones públicas del secretario de Hacienda, Franco Antipani. En una entrevista con un medio local, el funcionario respondió a los cuestionamientos del concejal con expresiones personales que se alejaron de los aspectos financieros de la discusión.
Al referirse a Aparicio, Antipani expresó que “además de pelo, tiene poca memoria” y le pidió que dejara de hacer TikTok y se pusiera a trabajar. Las declaraciones fueron reproducidas en una publicación periodística y profundizaron el enfrentamiento entre el funcionario y el edil.
Más allá del cruce, siguen pendientes las respuestas sobre el volumen de la deuda municipal, los acreedores involucrados y las condiciones concretas de las operaciones que el Ejecutivo pretende realizar.
Aparicio también planteó la necesidad de conocer la evolución de los recursos recibidos por el Municipio durante los últimos ejercicios, tanto por recaudación propia como por coparticipación y transferencias extraordinarias de los gobiernos provincial y nacional.
En sus declaraciones, Antipani hizo referencia a mecanismos de financiamiento utilizados en administraciones anteriores, como adelantos de coparticipación, Aportes del Tesoro Nacional y giros en descubierto. Sin embargo, esos antecedentes no permiten establecer por sí mismos cuál es la situación financiera actual ni cuánto costarían las nuevas operaciones.
El concejal incorporó otros interrogantes relacionados con determinadas erogaciones municipales, departamentos utilizados por funcionarios y posibles vinculaciones comerciales con proveedores. Se trata de planteos que requieren documentación respaldatoria y que no constituyen, por sí solos, pruebas de irregularidades.
La situación también se vincula con un debate más amplio sobre el endeudamiento de los trabajadores municipales. Durante septiembre, Aparicio reclamó información sobre el Plan de Alivio Financiero impulsado mediante acuerdos entre la Provincia, el Municipio, el Banco Santa Cruz y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia. En esa oportunidad, solicitó conocer los instrumentos firmados y las condiciones concretas ofrecidas a los agentes municipales.
Ahora, la discusión se concentra en las propias cuentas del Estado local y en la capacidad del Ejecutivo para cumplir sus obligaciones sin trasladar una carga financiera excesiva al siguiente ejercicio.
El Concejo Deliberante deberá evaluar una autorización que podría afectar la administración de recursos futuros. Mientras tanto, el interrogante central continúa sin una respuesta documentada en la información disponible: cuánto dinero necesita realmente la Municipalidad, cuál será el costo de obtenerlo y qué margen presupuestario quedará para sostener el funcionamiento de Caleta Olivia durante 2027.