Pablo Grasso llevó hasta Casa de Gobierno una propuesta para modificar el régimen de coparticipación de Santa Cruz y planteó que la discusión no quede limitada a Río Gallegos, sino que involucre a todos los municipios, comisiones de fomento y al Ejecutivo provincial.
El proyecto fue presentado previamente en la Cámara de Diputados por la legisladora Agostina Mora y ya tomó estado parlamentario.
La iniciativa busca reorganizar la distribución de recursos provinciales y dar mayor previsibilidad financiera a las localidades, con un esquema que permita planificar servicios, inversiones y obligaciones de mediano plazo.
“Cada localidad necesita saber con qué recursos cuenta para organizarse, sostener sus servicios y proyectar su futuro. El color político de un gobierno no debería definir las posibilidades de desarrollo de una comunidad”, sostuvo Grasso.
Uno de los cambios propuestos es incorporar las regalías mineras a los recursos coparticipables.
Actualmente, la información oficial de la Provincia muestra que las transferencias a municipios y comisiones de fomento contemplan coparticipación nacional, recursos provinciales, regalías de petróleo y gas y otros conceptos establecidos por ley. Las regalías mineras no aparecen dentro de ese esquema general de distribución.
El proyecto también propone una garantía transitoria para atender determinados desequilibrios financieros y la creación de un Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Ese organismo tendría participación de Provincia y de las jurisdicciones adheridas, con el objetivo de discutir decisiones fiscales sobre información compartida y reducir márgenes de discrecionalidad.
Grasso vinculó además el debate por la coparticipación con las obligaciones que enfrentan los municipios frente a organismos de seguridad social.
“Necesitamos ordenar los recursos, cuidar su administración y establecer compromisos que podamos cumplir. Detrás de esta discusión están los trabajadores municipales, provinciales y las necesidades cotidianas de cada comunidad”, afirmó.
La presentación en Casa de Gobierno busca abrir ahora una segunda etapa política.
El intendente propuso que el texto sea analizado junto con los jefes comunales y comisionados de fomento, de manera que cada localidad pueda evaluar cómo impactaría el nuevo esquema sobre sus ingresos.
“Acercamos una propuesta concreta y queremos trabajarla con todos. Cada comunidad tiene una realidad que debemos escuchar”, expresó.
La discusión toca uno de los temas más sensibles de la relación entre Provincia y municipios: cuánto recibe cada localidad, bajo qué criterios se distribuyen los recursos y qué grado de previsibilidad existe para sostener salarios, servicios y obras.
Grasso sintetizó el planteo con una definición política: “Las reglas tienen que durar más que los gobiernos”.
La última palabra quedará ahora en la Legislatura y en la capacidad de Provincia y municipios para construir un esquema que reúna suficiente consenso.