El Gobierno nacional modificó uno de los capítulos más sensibles de su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y redujo el universo de empresas e inversores que podrían ser sancionados por su relación con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
La modificación se produjo después de que Estados Unidos hiciera pública su preocupación por el posible impacto del régimen sobre compañías y fondos norteamericanos.
La secuencia abrió una discusión política sobre el alcance de la influencia de Washington en la reformulación del proyecto. El Gobierno sostiene que se trató de ajustes técnicos y de cambios negociados con bloques aliados. Sectores opositores y distintos medios, en cambio, vincularon directamente la flexibilización con las objeciones estadounidenses.
Lo comprobable es que la nueva redacción acotó efectivamente las sanciones.
El texto excluye a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión que no tengan poder de decisión sobre los activos involucrados.
También modificó el tratamiento de los proveedores.
Para sancionarlos deberá demostrarse que los bienes o servicios suministrados resultaban indispensables para desarrollar la actividad considerada ilegal por la Argentina y que la empresa conocía, o no podía desconocer, el destino de esas prestaciones.
La pena mínima prevista para determinados proveedores también fue reducida de cinco a dos años y se ajustó el esquema de multas.
Los cambios fueron incorporados durante las negociaciones parlamentarias que permitieron a La Libertad Avanza conseguir dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
El dictamen reunió 60 firmas sobre 104 diputados presentes y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto.
El texto original había sido enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo en septiembre, después de que el Gobierno anunciara procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas por actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera en áreas reclamadas por la Argentina.
En aquel momento, la Casa Rosada había presentado una posición especialmente dura.
La Oficina del Presidente informó el inicio de procedimientos contra empresas que operaban directamente y también contra accionistas y firmas proveedoras de servicios.
Ese alcance generó preocupación en Estados Unidos debido a que grandes fondos norteamericanos mantienen participaciones en numerosas compañías internacionales y podían quedar indirectamente comprendidos por la legislación.
La inquietud terminó siendo explicitada públicamente por el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau durante su visita a Buenos Aires.
“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, afirmó durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno.
Landau también aclaró que Washington respetaba el proceso legislativo argentino y evitó formular públicamente una exigencia concreta para modificar el proyecto.
La declaración se produjo antes de que el funcionario estadounidense fuera recibido por Javier Milei en la Casa Rosada.
Distintas fuentes periodísticas señalaron además que el embajador estadounidense Peter Lamelas había transmitido previamente inquietudes de Washington por la amplitud del régimen sancionatorio.
Desde el Gobierno argentino rechazaron que la nueva versión implique un retroceso en la posición sobre Malvinas.
Quirno sostuvo que el objetivo continúa siendo dotar a la Argentina de mejores herramientas para defender sus intereses soberanos y aseguró que la iniciativa no está dirigida contra una compañía en particular.
El proyecto conserva sanciones para quienes desarrollen actividades de exploración o explotación de recursos sin autorización argentina.
La diferencia está en cuánto se extiende esa responsabilidad hacia inversores, proveedores y actores financieros que no participan directamente de las operaciones.
La nueva versión establece límites mucho más precisos.
La discusión no termina allí.
El proyecto también crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades vinculadas con defensa, seguridad e inversiones estratégicas y mantiene otros capítulos que todavía generan diferencias entre el oficialismo y bloques que acompañaron el dictamen.
La Libertad Avanza pretende llevar la iniciativa al recinto durante noviembre.
El debate parlamentario deberá definir ahora si las modificaciones alcanzan para construir una mayoría y, al mismo tiempo, hasta dónde llegará finalmente el régimen sancionatorio frente a las empresas vinculadas con actividades que la Argentina considera ilegales en Malvinas y el Atlántico Sur.