La erosión costera y el avance del mar sobre distintas localidades patagónicas llegaron al Congreso de la Nación con un proyecto que propone declarar la emergencia por 365 días y poner en marcha un esquema federal de obras, monitoreo y recuperación del litoral.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional por Santa Cruz Juan Carlos Molina y plantea declarar la Emergencia Costera y Defensa del Litoral Marítimo en el Golfo San Jorge y las costas patagónicas.
El expediente ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 23 de octubre y también lleva las firmas de José Glinski, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Andrea Freites.
Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Rawson aparecen entre las zonas consideradas prioritarias por el proyecto.
El diagnóstico que sustenta la propuesta advierte que el retroceso de la línea costera dejó de ser únicamente un problema ambiental. El avance del mar ya compromete viviendas, rutas, tendidos de servicios, infraestructura urbana y actividades económicas vinculadas con la costa.
Uno de los puntos centrales es la elaboración de un Plan Federal Integral de Protección y Recuperación Costera Patagónica.
La iniciativa fija un plazo de 120 días para desarrollar ese plan y contempla obras de defensa marítima, construcción de escolleras y espigones, muros de contención, estabilización de taludes y acantilados y recuperación de playas cuando resulte técnica y ambientalmente viable.
El proyecto incorpora además la elaboración de un Mapa Nacional de Vulnerabilidad Costera Patagónica para identificar sectores de mayor riesgo y ordenar prioridades de intervención sobre una base científica.
Para esa tarea se prevé la participación del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, además de otras instituciones especializadas.
La propuesta también plantea crear una Mesa Interjurisdiccional de Coordinación Costera con representantes del Estado nacional, las provincias de Santa Cruz y Chubut, municipios e instituciones científicas.
El objetivo es evitar que una problemática que atraviesa límites provinciales y municipales quede repartida entre organismos sin una estrategia común.
En Caleta Olivia, la discusión tiene una dimensión particularmente urgente.
La ciudad arrastra desde hace años problemas vinculados con el deterioro del frente costero y el avance del mar sobre sectores urbanos.
Dentro de ese escenario, el concejal Carlos Aparicio viene impulsando propuestas relacionadas con la protección del litoral y promoviendo espacios de trabajo con profesionales y especialistas para abordar distintos aspectos de la crisis ambiental local.
El proyecto también prevé herramientas de financiamiento.
El Poder Ejecutivo podría reasignar partidas presupuestarias, gestionar fondos de organismos multilaterales y celebrar convenios con provincias, municipios e instituciones científicas.
Además, se establecen informes trimestrales al Congreso sobre el avance de las obras, el uso de los recursos y los resultados del monitoreo costero.
La emergencia podría extenderse posteriormente a otras localidades del litoral marítimo patagónico si estudios técnicos y científicos justifican su incorporación.
El expediente 5688-D-2026 ya fue girado a las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Presupuesto y Hacienda.
Por ahora se encuentra en la primera etapa del trámite parlamentario.
Su aprobación abriría un marco nacional para coordinar obras y políticas de prevención frente a un proceso que actualmente obliga a ciudades costeras de Santa Cruz y Chubut a buscar respuestas muchas veces fragmentadas.
Para Caleta Olivia, donde la relación con el mar forma parte de su identidad urbana, productiva y social, el debate suma una cuestión de fondo: cómo transformar el diagnóstico sobre la erosión en obras concretas antes de que el deterioro siga avanzando sobre infraestructura y sectores habitados.