La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió realizar un paro provincial de 24 horas el próximo miércoles 25 de noviembre y advirtió que la falta de respuestas salariales del Gobierno de Claudio Vidal podría comprometer el inicio del ciclo lectivo 2027. La decisión fue adoptada este miércoles 18 durante un Congreso Extraordinario, con la participación de representantes de las filiales del sindicato.
La organización también confirmó que asistirá a la reunión de conciliación obligatoria prevista para el martes 24 de noviembre, donde espera recibir una propuesta concreta del Ejecutivo provincial.
Según establece la resolución gremial, la Comisión Directiva quedará facultada para evaluar las respuestas oficiales y definir los pasos posteriores de acuerdo con el resultado de ese encuentro.
El Congreso expresó su preocupación por la situación salarial de los trabajadores de la educación y reclamó una recomposición que permita a los docentes superar la línea de pobreza.
La advertencia más contundente estuvo dirigida al Gobierno provincial: si no aparecen respuestas, ADOSAC considera que podría verse comprometido el comienzo de las clases del próximo año.
El pronunciamiento profundiza un conflicto que se mantiene abierto desde las últimas negociaciones paritarias.
El 10 de noviembre, los representantes del Ejecutivo y los gremios docentes participaron de una nueva reunión salarial que terminó sin una oferta de aumento. Las negociaciones quedaron entonces postergadas hasta el 4 de diciembre.
Ante esa falta de propuesta, ADOSAC había convocado a un paro de 24 horas para el jueves 12 de noviembre, acompañado por movilizaciones y actividades organizadas por las distintas filiales.
La resolución conocida este miércoles incorpora ahora una nueva fecha de protesta y una instancia de conciliación previa, cuyo resultado será evaluado por la conducción sindical.
El paro del 25 de noviembre también tendrá una dimensión vinculada con los derechos humanos y las políticas de género.
La fecha coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una conmemoración que ADOSAC incluyó expresamente entre los fundamentos de la medida de fuerza.
En su documento, el sindicato sostuvo que los femicidios y la violencia de género no son hechos aislados y cuestionó lo que considera un debilitamiento de las políticas públicas de prevención y asistencia.
Además del reclamo salarial, el Congreso Extraordinario aprobó una serie de exigencias relacionadas con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo santacruceño.
Entre ellas figura el pedido de una inversión presupuestaria urgente para mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos de toda la provincia.
El gremio considera que el mantenimiento de las escuelas debe formar parte de las prioridades del Ejecutivo, junto con la recomposición de los ingresos de los trabajadores.
Otro de los puntos está relacionado con la Caja de Servicios Sociales (CSS).
ADOSAC reclamó que se normalice el funcionamiento de la obra social provincial, especialmente en lo referido al acceso a atención médica, medicamentos y estudios de laboratorio.
El sindicato advirtió que las dificultades para obtener prestaciones afectan tanto a los docentes como a sus familias y pidió respuestas para garantizar la cobertura sanitaria.
La resolución también solicita al Ministerio de Economía de Santa Cruz que vuelva a poner en funcionamiento la delegación administrativa correspondiente a la zona norte provincial.
En el plano sindical, la organización denunció lo que considera una criminalización de la protesta social por parte del Gobierno y del Consejo Provincial de Educación.
También rechazó las advertencias oficiales sobre la posibilidad de aplicar descuentos salariales a quienes participen de medidas de fuerza.
Para ADOSAC, la huelga constituye un derecho constitucional y una herramienta legítima de reclamo de los trabajadores.
La organización sostuvo que ejercer ese derecho no puede ser considerado una conducta ilegal y ratificó su oposición a cualquier medida que, según su interpretación, busque desalentar las protestas mediante sanciones económicas.
El conflicto salarial continúa siendo el principal punto de desacuerdo entre el sindicato y el Ejecutivo.
Durante la negociación de noviembre, el gremio cuestionó que el Gobierno no presentara una propuesta de recomposición de los haberes, pese a los reclamos realizados en las instancias anteriores.
Como antecedente, en julio se había alcanzado un acuerdo salarial con incrementos acumulativos distribuidos entre junio y noviembre de 2026. Sin embargo, ADOSAC sostiene que los ingresos docentes siguen siendo insuficientes frente al costo de vida.
Con la resolución del Congreso Extraordinario, el calendario inmediato del conflicto quedó definido por dos fechas: la reunión de conciliación obligatoria del martes 24 y el paro anunciado para el miércoles 25.
La organización mantiene abierta la evaluación de nuevas medidas en función de las respuestas que reciba del Gobierno provincial.
La advertencia sobre el ciclo lectivo 2027 no constituye una decisión de impedir el comienzo de clases, sino una señal del gremio sobre las consecuencias que podría tener la continuidad del conflicto sin una solución salarial.
Por ahora, ADOSAC ratificó sus reclamos económicos, edilicios y sanitarios, mientras espera que la próxima instancia de negociación permita avanzar hacia una respuesta concreta.