El gobierno de Javier Milei convirtió la desaceleración de la inflación en la principal prueba de éxito de su programa económico. Sin embargo, para una parte mayoritaria de la población, esa estabilidad todavía existe más en los discursos oficiales que en el bolsillo.
Un relevamiento de Zentrix Consultora mostró que el 61,9 por ciento de los argentinos tomó algún tipo de deuda durante los últimos seis meses. En más de la mitad de esos casos, el dinero no fue destinado a comprar un auto, realizar una inversión o financiar un consumo extraordinario: se utilizó para pagar alimentos, servicios y otros gastos esenciales.
El crédito dejó de funcionar como una herramienta para adelantar proyectos y pasó a convertirse en un mecanismo de supervivencia. Cuando una familia necesita endeudarse para llenar la heladera o pagar la luz, la discusión económica ya no puede limitarse a la variación mensual del índice de precios.
El 86,6 por ciento de los consultados considera que un solo empleo no alcanza para llegar a fin de mes. Además, dos de cada tres agotan sus ingresos antes del día 20. El dato revela que el problema no es únicamente cuánto aumentan los precios, sino el profundo retraso de los salarios frente al costo de vida.
La percepción se repite en casi todos los indicadores del estudio. El 87,4 por ciento sostiene que sus ingresos continúan perdiendo contra la inflación, aun después de la desaceleración registrada en el índice oficial.
El Gobierno puede mostrar una curva descendente, pero las familias enfrentan alquileres, tarifas, alimentos y medicamentos que aumentaron con fuerza y quedaron instalados en valores difíciles de sostener. Que los precios suban más lentamente no significa que bajen ni que el salario recupere de manera automática todo lo perdido.
La deuda, además, empieza a transformarse en una trampa. Entre quienes solicitaron créditos, casi tres de cada diez reconocieron que atraviesan serias dificultades para pagar las cuotas. Otro 12 por ciento ya registra atrasos y un 6,4 por ciento admite directamente que no puede cumplir.
El problema es todavía más delicado entre los jóvenes. El 35,8 por ciento de las personas de entre 18 y 39 años recurrió a financieras o prestamistas informales, una proporción muy superior a la observada entre los mayores de 60 años.
Quienes quedan fuera del sistema bancario suelen terminar en circuitos con intereses más elevados, menor transparencia y peores condiciones de refinanciación. Así, la pérdida del salario abre la puerta a una segunda forma de deterioro: el endeudamiento caro y difícil de cancelar.
Más de la mitad de los encuestados considera que las tasas son tan altas que el crédito termina funcionando como una trampa. La cuota permite resolver una urgencia inmediata, pero reduce todavía más el ingreso disponible del mes siguiente y empuja a solicitar un nuevo préstamo.
El relevamiento también exhibe una fuerte distancia entre las estadísticas oficiales y la percepción social. El 67,1 por ciento considera que el dato de inflación difundido por el INDEC no refleja lo que sucede con los precios de su vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6 por ciento manifiesta confianza en esas mediciones.
Esa desconfianza no demuestra por sí sola que el índice esté técnicamente equivocado. Sí expresa que la canasta real de muchos hogares, atravesada por tarifas, alimentos y vivienda, no coincide con la sensación de alivio que el Gobierno intenta construir alrededor de la desaceleración inflacionaria.
La inflación perdió centralidad entre las preocupaciones inmediatas, pero no porque la economía familiar esté mejor. Fue desplazada por problemas que son, en buena medida, consecuencia del mismo deterioro: salarios insuficientes, incertidumbre, desempleo y costos crecientes de los servicios públicos.
La corrupción encabeza las preocupaciones con el 48,8 por ciento de las menciones, seguida por los ingresos y salarios, con el 46,9 por ciento. Luego aparecen la incertidumbre económica, el desempleo y las tarifas.
Milei suele presentar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como condiciones necesarias para la recuperación. El problema es que, cuando el orden de las cuentas públicas se construye sobre ingresos retrasados, empleos debilitados y hogares endeudados, la estabilidad termina descansando sobre quienes menos capacidad tienen para soportar el ajuste.
Una economía no se recupera solamente cuando baja una estadística. También necesita que el salario alcance, que el trabajo permita vivir sin sumar jornadas interminables y que las familias no dependan de una tarjeta o un prestamista para comprar alimentos.
El dato más inquietante del informe no es que el 62 por ciento haya tomado deuda. Es que buena parte de esa deuda se utilizó para sostener la vida cotidiana. Mientras eso ocurra, el supuesto éxito económico seguirá teniendo una frontera evidente: termina exactamente donde empieza el bolsillo de la mayoría.