La tensión entre el Gobierno y la industria argentina sumó esta semana un nuevo capítulo, esta vez con un cruce directo entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.
Durante una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa, Caputo cuestionó a quienes advierten sobre la caída de la actividad fabril y sostuvo que la industria ya venía retrocediendo desde años anteriores, incluso con subsidios y medidas de protección.
“Parece que veníamos de un boom de industria, que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular. Era exactamente lo contrario”, afirmó. Luego aseguró que la producción industrial cayó alrededor de un 10% durante ese período y cerró con una frase que generó fuertes críticas: “Para todos los tarados que hablan de la industria”.
La respuesta de Rappallini llegó pocas horas después. El titular de la UIA calificó las declaraciones como poco felices y sostuvo que ese tipo de expresiones no contribuyen al diálogo que, según planteó, necesita el sector.
“Defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica”, expresó.
La definición resume buena parte del conflicto. La UIA evita discutir la baja de la inflación, el equilibrio fiscal o la normalización de algunas variables económicas. Su reclamo apunta a que esos objetivos no se traduzcan en un deterioro permanente de la capacidad productiva.
Los industriales vienen señalando problemas vinculados con la presión tributaria, el costo del financiamiento, las regulaciones laborales, la infraestructura y la competencia con productos importados.
También remarcan la debilidad del consumo interno, una variable que impacta directamente sobre buena parte de las fábricas orientadas al mercado local.
El problema para el Gobierno es que la discusión ya no proviene únicamente de sectores opositores. La UIA mantiene canales abiertos con el Ministerio de Economía y durante los últimos meses presentó propuestas para mejorar el acceso al crédito y reducir impuestos que afectan a las empresas.
El cruce, por lo tanto, ocurre en momentos en que ambas partes todavía intentan construir una agenda común.
Horas después de la polémica, el viceministro de Economía, José Luis Daza, salió a respaldar a Caputo y sostuvo que las palabras del funcionario habían sido interpretadas fuera de contexto.
Según Daza, el cuestionamiento no estuvo dirigido contra los industriales, sino contra quienes defienden el modelo económico aplicado durante años anteriores.
Caputo retomó esa explicación y aseguró que nunca llamó “tarados” a los empresarios industriales, sino a quienes reivindican un esquema que, a su entender, produjo déficit, inflación y pobreza.
La aclaración intentó bajar la tensión, aunque no resolvió la discusión de fondo.
El Gobierno sostiene que la apertura comercial, la estabilidad de precios y una menor intervención estatal terminarán generando mejores condiciones para todas las actividades productivas.
La industria, en cambio, advierte que competir con otros países requiere algo más que abrir las importaciones. Reclama costos impositivos, financieros y logísticos comparables con los que enfrentan sus competidores externos.
Rappallini insistió en esa diferencia al afirmar que la UIA no pide privilegios, sino condiciones similares para competir.
La entidad sostiene que la presión tributaria efectiva sobre la industria argentina alcanza niveles muy elevados y que el sector genera una porción importante del producto, la recaudación y el empleo formal.
La discusión también refleja otra tensión: cuáles son los sectores que el Gobierno considera prioritarios para el desarrollo económico.
La administración de Milei apuesta con fuerza al agro, la energía y la minería como grandes generadores de exportaciones y divisas. Dentro del sector manufacturero existe la percepción de que la industria tradicional ocupa un lugar secundario dentro de ese esquema.
La Federación Industrial de Santa Fe también cuestionó las expresiones de Caputo y advirtió que el tono utilizado dificulta una discusión seria sobre producción y desarrollo.
Rappallini buscó evitar una ruptura definitiva. “Las ideas hay que debatirlas y a las personas hay que respetarlas”, afirmó.
La frase funciona como respuesta al ministro, pero también como advertencia.
La industria enfrenta dificultades reales y el Gobierno puede discutir las causas, cuestionar las políticas anteriores o rechazar pedidos de protección. Lo que resulta más difícil es negar que exista un problema cuando las propias entidades empresarias que negocian con Economía reclaman medidas para sostener actividad, empleo y financiamiento.
Detrás del intercambio entre Caputo y Rappallini aparece una discusión que seguirá abierta: si la estabilidad macroeconómica será acompañada por una política industrial o si el Gobierno confía en que la apertura y el mercado definan por sí solos qué sectores sobreviven.