La exoneración de Virginia Aparicio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria generó un nuevo pronunciamiento de rechazo dentro del sistema científico argentino.
La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología difundió este miércoles 28 de octubre un documento en el que cuestionó la sanción aplicada a la investigadora del INTA y CONICET y reclamó su reincorporación, además de mayores garantías de transparencia, proporcionalidad y debido proceso.
Aparicio es ingeniera agrónoma, investigadora con más de dos décadas de trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y especialista en suelos, agua y dinámica de fitosanitarios.
También coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que estudió la presencia de residuos de plaguicidas en personas, animales y distintas matrices ambientales.
La decisión de separarla del organismo quedó formalizada mediante la Resolución 366 del Consejo Directivo del INTA, fechada el 26 de octubre.
Se trata de la sanción disciplinaria más severa prevista dentro del régimen de empleo público.
El organismo sostuvo que durante el sumario se comprobaron incumplimientos vinculados con prohibiciones previstas en el artículo 24 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
Entre los cuestionamientos incluidos en el expediente aparecen decisiones sobre el manejo institucional del proyecto, la participación de un investigador retirado, el acceso a información reservada, el tratamiento de fondos y determinados procedimientos para el envío y análisis de muestras.
La Mesa Federal cuestionó especialmente la proporcionalidad de la medida.
En su pronunciamiento señaló que la propia resolución reconoce la ausencia de antecedentes disciplinarios previos, que no se acreditó un beneficio económico personal y que tampoco se determinó un perjuicio patrimonial cuantificado atribuible a la investigadora.
Desde ese espacio consideraron que aplicar la máxima sanción en esas condiciones requiere una fundamentación particularmente sólida.
El caso comenzó a generar repercusiones antes incluso de que la exoneración quedara formalizada.
En septiembre, diputados nacionales presentaron un proyecto de resolución para expresar su rechazo al proceso disciplinario y al posible apartamiento de Aparicio.
Después de conocerse la sanción definitiva, también se pronunciaron organizaciones sindicales, universidades y colectivos científicos.
La Universidad Nacional de Río Negro expresó su repudio a la decisión y vinculó el caso con el debate sobre las garantías necesarias para comunicar resultados científicos.
APINTA, el gremio de trabajadores del INTA, también reclamó la revisión de la resolución.
El punto más sensible del conflicto está relacionado con el proyecto SPRINT.
Ese estudio internacional relevó exposición a plaguicidas en distintos países y encontró residuos de estos compuestos en muestras ambientales y humanas analizadas en Argentina.
Organizaciones académicas y científicas sostienen que el conflicto disciplinario no puede analizarse separado de la sensibilidad política y económica de esos resultados.
El INTA, en cambio, fundamentó la sanción en supuestas irregularidades administrativas e institucionales y no formalmente en el contenido de las investigaciones.
Esa diferencia es central.
Hasta el momento no existe una resolución judicial que establezca que Aparicio fue exonerada por los resultados de su trabajo científico. Esa interpretación es sostenida por la defensa de la investigadora y por distintos sectores que denuncian censura o persecución.
La Mesa Federal planteó precisamente que esas dudas deben ser despejadas mediante mayor transparencia.
“Lo que está en discusión no es solamente una sanción personal, sino también qué ciencia queremos y bajo qué condiciones puede desarrollarse”, sostuvo el documento.
El espacio advirtió además que una medida de esta gravedad puede generar un efecto intimidatorio sobre otros investigadores y favorecer mecanismos de autocensura en temas atravesados por fuertes intereses económicos.
La defensa de Aparicio prepara ahora una presentación judicial para intentar revertir la exoneración.
Mientras ese proceso comienza, el caso ya trascendió el expediente administrativo y abrió una discusión más amplia sobre los límites disciplinarios dentro de los organismos públicos, la autonomía científica y las condiciones necesarias para investigar asuntos socialmente sensibles.