En la Facultad de Derecho, legisladores y representantes del Consejo de la Magistratura denunciaron una doble vara judicial frente a casos de lesa humanidad, narcotráfico y función pública.
Consejeros de la Magistratura de la Nación presentaron en el Salón Azul de la Facultad de Derecho un informe institucional sobre las condiciones de detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron que la expresidenta cumple un régimen más restrictivo que el aplicado a personas condenadas por delitos federales de extrema gravedad.
La exposición estuvo a cargo de Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, quienes difundieron los resultados obtenidos a partir de pedidos de Acceso a la Información Pública realizados dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación. Según plantearon, la información reunida permite concluir que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra sometida a condiciones “arbitrarias y discriminatorias” en su prisión domiciliaria.
El informe se apoya en los pedidos N° 2/2026, 3/2026 y 4/2026 del Consejo y compara el régimen impuesto a la exmandataria con el de otras personas condenadas por delitos federales. La conclusión política de los expositores fue contundente: las restricciones aplicadas a Cristina Kirchner no responderían a criterios jurídicos objetivos, sino a una decisión destinada a limitar su actividad pública y condicionar la reorganización del peronismo.
El planteo se da en el marco de la condena firme contra la expresidenta en la causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025. La Justicia le impuso una pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en una resolución que Cristina Fernández de Kirchner y su espacio político denunciaron como parte de una persecución judicial y política.
Uno de los puntos centrales del informe es la comparación con detenidos por delitos de lesa humanidad. Según los consejeros, más de la mitad de esas personas no utiliza tobillera electrónica y recibe visitas sin restricciones en sus domicilios. Sobre esa base, sostuvieron que el tratamiento otorgado a Cristina Kirchner configura una doble vara dentro del sistema judicial.
Vanesa Siley profundizó esa línea al señalar que, en la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas tendría restricciones en materia de visitas. También afirmó que, entre quienes están privados de libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Cristina Kirchner sería la única sometida a limitaciones para recibir personas en su domicilio.
“Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, expresó Siley.
La discusión sobre las restricciones no es nueva. En febrero de 2026, la Cámara Federal de Casación rechazó planteos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó vigentes el uso de tobillera electrónica y los límites vinculados a visitas y desplazamientos dentro del domicilio. Medios judiciales consignaron entonces que el tribunal mantuvo las condiciones del arresto domiciliario, pese a los reclamos de flexibilización.
Rodolfo Tailhade llevó la denuncia al plano político y vinculó las condiciones de detención con el intento de magnicidio contra la exmandataria. “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país”, sostuvo.
El consejero afirmó, además, que incluso encuestas publicadas por medios hostiles muestran a la expresidenta con alta imagen pública. Su intervención apuntó a describir la situación no solo como una discusión penitenciaria, sino como parte de una ofensiva política más amplia contra una dirigente central del campo nacional y popular.
Mariano Recalde fue en la misma dirección y afirmó que Cristina Fernández de Kirchner es una “presa política”. Según el senador, la persecución tendría dos objetivos: disciplinar a la dirigencia política e impedir la reorganización del pueblo. Para Recalde, el régimen de detención no busca administrar una condena, sino restringir la capacidad de acción política de la expresidenta.
“El informe demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política destinada a impedir que Cristina reorganice al peronismo y continúe haciendo política”, afirmó.
César Grau trazó paralelismos históricos entre Hipólito Yrigoyen y Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que distintos procesos políticos y judiciales buscaron perseguir y condicionar a líderes populares en beneficio de grupos económicos concentrados. La comparación buscó inscribir el caso actual en una tradición de enfrentamientos entre proyectos populares y poderes institucionales, judiciales y económicos.
Anabel Fernández Sagasti, en tanto, cuestionó con dureza el funcionamiento del Poder Judicial argentino y apuntó especialmente contra la Corte Suprema. La senadora planteó que el debate excede la situación de una dirigente y obliga a preguntarse por el sentido del derecho en la Argentina actual.
“La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo. Tenemos que construir un diagnóstico para saber qué vamos a hacer. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”, sostuvo.
La presentación se inscribe en una tensión persistente entre el kirchnerismo y el Poder Judicial. Desde que comenzó la prisión domiciliaria, el régimen de visitas y las condiciones de cumplimiento de la condena fueron motivo de recursos, resoluciones y cuestionamientos públicos. En 2025, la Justicia ya había limitado el esquema de visitas a la expresidenta, lo que generó una fuerte reacción política del peronismo.
El informe presentado por los consejeros busca instalar una conclusión política e institucional: Cristina Fernández de Kirchner no estaría recibiendo un tratamiento equivalente al de otras personas en prisión domiciliaria, incluso en casos de delitos más graves. Para los expositores, esa diferencia no puede explicarse por criterios técnicos, sino por la voluntad de restringir su incidencia pública.
La denuncia deja planteado un nuevo capítulo en la disputa por el sentido de la condena y sus condiciones de cumplimiento. Para el oficialismo judicial y los tribunales intervinientes, las medidas forman parte del régimen dispuesto para garantizar la ejecución de la pena. Para los consejeros firmantes del informe, en cambio, constituyen un mecanismo de disciplinamiento político. Esa tensión, lejos de cerrarse, vuelve a ocupar el centro del debate institucional argentino.