El escándalo donde el ex senador Edgardo Kueider fuera detenido con una mochila llena de dólares ahora pone en duda la legitimidad de la sanción de la Ley Bases, una norma de 238 artículos promovida por Javier Milei, que abarca desde incentivos laborales hasta una ambiciosa reforma del Estado.
La polémica se centra en Edgardo Kueider, el senador recientemente expulsado, cuyo voto permitió un empate decisivo en la Cámara Alta que terminó siendo desempatado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En este contexto, los bloques de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT) han unido fuerzas en una movida poco habitual: ambos impulsan iniciativas para declarar la nulidad absoluta de la ley, alegando irregularidades en su tratamiento, desde la supuesta compra de votos hasta el condicionamiento de voluntades políticas.
El FIT ya había presentado un proyecto el 12 de diciembre pasado, pero esta semana sus representantes se reunieron con Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, y con Santiago Cafiero, autor de una propuesta para investigar presuntas coimas vinculadas al proceso legislativo. “Esta ley debe ser anulada porque está manchada de corrupción y afecta directamente a trabajadores y sectores populares”, advirtió Myriam Bregman, referente de la izquierda.
Sospechas sobre el voto de Kueider
El caso de Kueider ha sido central en el escándalo. Su voto fue clave para el desempate que permitió la aprobación de la Ley Bases. Poco después, el senador fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar, alimentando denuncias de sobornos y prebendas. Desde el FIT, Christian Castillo expresó: “Este caso refleja cómo la corrupción condicionó una norma que promueve el saqueo y la entrega del país”.
El proyecto del FIT también acusa a otros legisladores, como la neuquina Lucila Crexell, de haber recibido promesas políticas a cambio de apoyar la iniciativa oficialista. Crexell habría negociado un cargo diplomático en la Unesco, según fuentes cercanas al Congreso.
El kirchnerismo avanza con su propia estrategia
Por su parte, Unión por la Patria trabaja en un proyecto propio, liderado por la diputada Blanca Osuna, para declarar la nulidad de la ley. “Se trata de restaurar la legitimidad del Congreso. No podemos tolerar que una norma nacida del fraude y la corrupción tenga efectos sobre el pueblo argentino”, señalaron desde el bloque oficialista.
Además, UP busca reactivar la comisión investigadora propuesta por Santiago Cafiero, destinada a esclarecer las denuncias de sobornos y determinar si hubo uso indebido de recursos públicos. “Es necesario construir las pruebas para que esta ley caiga. Que los bloques opositores no bloqueen esta investigación si no tienen nada que esconder”, sostuvo Cafiero en sus redes sociales.
La oposición en la mira
La situación compromete a la oposición. Tanto el PRO como La Libertad Avanza presiden las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, donde deberían discutirse las iniciativas. Sin embargo, hay temor de que ambos bloques obstaculicen el avance de estos proyectos.
La Ley Bases, que incluye reformas al Estado, promoción de empleo registrado y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), fue fuertemente criticada por sectores progresistas. Para Castillo, “es un caballo de Troya para beneficiar a los grandes empresarios mientras se debilitan los derechos laborales”.
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