Que no haya habido estudiantes heridos en el Secundario N.º 11 de Río Gallegos no puede convertir lo ocurrido en un episodio menor. Parte del cielorraso de un aula cedió después de un proceso de humedad y filtraciones que, según el gremio docente, venía siendo advertido.
El hecho vuelve a colocar al Gobierno de Claudio Vidal frente a una contradicción difícil de explicar. Mientras el Consejo Provincial de Educación sostiene que existe una inversión extraordinaria en mantenimiento e infraestructura, docentes y alumnos siguen conviviendo con goteras, problemas de calefacción y edificios deteriorados.
La situación resulta todavía más grave porque el propio Gobierno provincial había anunciado en junio una obra integral de calefacción y electricidad en este mismo establecimiento, presentada como una intervención destinada a resolver problemas históricos. Tres meses después, parte del techo terminó cediendo.
Desde ADOSAC sostienen que este episodio no es aislado y reclaman desde hace meses una intervención más profunda sobre la infraestructura escolar. Durante el invierno, el sindicato ya había denunciado aulas cerradas, sistemas de calefacción defectuosos y establecimientos con problemas de mantenimiento en distintos puntos de la provincia.
El Gobierno de Vidal puede mostrar obras, anunciar inversiones y enumerar reparaciones. Pero cuando un techo termina cayendo dentro de una escuela, la discusión deja de ser comunicacional. Lo que importa es si los edificios son seguros para quienes estudian y trabajan allí todos los días.
La responsabilidad política del Ejecutivo provincial pasa justamente por eso: garantizar que el mantenimiento llegue antes del desprendimiento, no después. En materia educativa, reaccionar cuando el problema ya cedió sobre un aula no puede convertirse en una política de gestión.