La Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria cuestionó la decisión del Ministerio de Seguridad de dar por finalizada la instancia de negociación del Consejo del Salario mediante la Resolución N.º 342/26, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre las partes. Desde el espacio salarial remarcaron que el cierre administrativo dispuesto por la cartera provincial no implica una derrota ni el final de los reclamos por una recomposición de haberes.
En un comunicado difundido en las últimas horas, la Mesa buscó llevar tranquilidad al personal policial, penitenciario, de bomberos y a sus familias. Según expresaron, la resolución ministerial solo clausura de manera unilateral una etapa formal de negociación, pero no modifica la realidad económica que atraviesan miles de trabajadores de las fuerzas de seguridad.
“Ninguna resolución puede borrar la realidad que viven miles de familias policiales y penitenciarias, ni puede hacer desaparecer el atraso salarial, las necesidades cotidianas y el enorme esfuerzo que cada uno de ustedes realiza para cumplir con su deber”, señalaron.
El pronunciamiento sostiene que durante todo el proceso de diálogo los representantes actuaron con responsabilidad, respeto institucional y firmeza. Indicaron que participaron de las reuniones, escucharon las propuestas oficiales y trasladaron los planteos surgidos en distintas dependencias de la provincia. Sin embargo, afirmaron que no hubo acuerdo porque las ofertas presentadas no respondieron a las necesidades reales del personal.
La Mesa remarcó que el reclamo quedó registrado y fue escuchado, aunque el Gobierno decidiera cerrar la instancia administrativa. Para los referentes del sector, esa decisión no alcanza para desactivar el malestar salarial ni para silenciar a quienes reclamaron una mejora con dignidad y respeto.
El comunicado también incluyó una crítica al desarrollo de la negociación. Desde el espacio sostuvieron que, desde el inicio, la instancia salarial fue utilizada para presionar, amenazar y humillar a referentes del reclamo. Aun así, insistieron en que el camino elegido fue el de la organización y la defensa colectiva de los derechos.
Uno de los mensajes centrales fue el llamado a mantener la calma. La Mesa pidió no dejarse llevar por rumores, miedo u operaciones destinadas a dividir al personal. En ese sentido, destacó que la unidad demostrada durante el conflicto fue “histórica” y la definió como el principal capital del sector para sostener sus demandas.
“Cada policía, cada penitenciario, cada bombero y cada integrante de nuestras familias debe sentirse orgulloso del camino recorrido”, expresaron. Para la Mesa, el reclamo salarial no representa una actitud de confrontación vacía, sino la defensa de una condición básica: que quienes cumplen funciones sensibles para la seguridad pública puedan acceder a un ingreso digno.
El comunicado reconoce el cansancio acumulado y la ansiedad que genera la falta de respuestas. No obstante, advierte que las conquistas laborales requieren organización, perseverancia y continuidad. Bajo esa mirada, el cierre del expediente administrativo no clausura el conflicto de fondo, porque persisten los problemas salariales que motivaron la negociación.
La Mesa pidió al personal permanecer firme, unido y atento a la información oficial que el propio espacio vaya comunicando. También aseguró que cada paso futuro será evaluado con responsabilidad, con el objetivo de proteger los derechos y la dignidad de policías, penitenciarios y bomberos.
El mensaje final apunta directamente al sentido político del reclamo. Para los referentes, la Resolución 342/26 puede cerrar un expediente, pero no una convicción. Mientras haya trabajadores de las fuerzas que no lleguen a fin de mes, que deban realizar sacrificios para sostener a sus familias y que continúen prestando servicio con compromiso, sostuvieron, el pedido de un salario digno seguirá vigente.
La decisión del Ministerio de Seguridad marca el cierre formal de una etapa, pero no despeja el conflicto salarial. Por el contrario, deja abierta una tensión que combina desgaste, reclamos económicos, malestar interno y una organización que busca conservar la unidad como herramienta de presión frente al Gobierno provincial.