La renuncia presentada por Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay, en medio de una crisis bancaria que dejó a millones de clientes sin acceso normal a sus ahorros, abrió un nuevo capítulo de inestabilidad política en América Latina. El episodio también puso bajo discusión la credibilidad de los gobiernos que defienden políticas económicas orientadas al mercado y prometen crecimiento, inversiones y mejores condiciones de vida, pero enfrentan cuestionamientos por sus resultados sociales.
El caso paraguayo encuentra puntos de contacto con los debates que atraviesan a la Argentina de Javier Milei. Ambos mandatarios expresaron públicamente su afinidad con la libertad económica, la disciplina fiscal y la reducción de la intervención estatal, aunque sus gobiernos responden a tradiciones políticas diferentes y enfrentan problemas de distinta naturaleza.
La relación política entre Peña y Milei quedó reflejada en abril de 2025, durante una reunión oficial en Asunción. En aquella oportunidad, el presidente argentino aseguró que ambos países podían convertirse en ejemplos para Sudamérica mediante políticas de apertura económica, equilibrio fiscal y promoción de inversiones.
Peña también elogió la orientación económica de su par argentino y manifestó coincidencias con sus propuestas. Ese acercamiento se mantuvo durante posteriores encuentros bilaterales y actividades internacionales vinculadas con sectores conservadores.
Sin embargo, el escenario paraguayo cambió drásticamente durante los primeros días de noviembre de 2026.
El Banco Central del Paraguay dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar graves problemas de solvencia. La entidad tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba importantes depósitos de organismos públicos, incluidos recursos vinculados con el sistema previsional.
La imposibilidad de acceder normalmente a los ahorros desencadenó protestas en Asunción y otras ciudades. Miles de personas salieron a reclamar respuestas, mientras crecían las sospechas sobre los vínculos empresariales del presidente con el grupo propietario de la entidad.
Peña negó haber cometido irregularidades y sostuvo que se había desvinculado de sus participaciones empresariales. No obstante, la crisis provocó una pérdida de respaldo político, incluso dentro del Partido Colorado, y aceleró la presentación de un juicio político en el Congreso.
El jueves 5 de noviembre, el mandatario anunció su renuncia con un mensaje en el que pidió disculpas y aseguró que su decisión buscaba preservar la estabilidad institucional. La Cámara de Diputados aprobó posteriormente la acusación para someterlo a juicio político, mientras la aceptación formal de su dimisión permanecía sin resolverse.
El episodio muestra cómo una crisis financiera puede transformarse rápidamente en una crisis de representación cuando los ciudadanos perciben que sus ahorros y sus condiciones de vida están amenazados.
En Argentina, el gobierno de Milei enfrenta un escenario diferente, aunque también marcado por tensiones entre los objetivos de su programa económico y las dificultades cotidianas de una parte de la población.
La administración libertaria consiguió reducir considerablemente la inflación respecto de los niveles registrados al comienzo de su mandato y sostiene que el equilibrio fiscal constituye una condición necesaria para recuperar el crecimiento.
Sin embargo, la mejora de determinados indicadores no se tradujo de manera uniforme en los ingresos y las condiciones de vida.
Según el INDEC, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto de la segunda mitad de 2025. Aunque el indicador permanece por debajo del registrado al cierre de 2023, su incremento reciente refleja las dificultades de numerosos hogares para sostener sus gastos básicos.
A esto se agregan los reclamos por el empleo, las jubilaciones, el financiamiento universitario y la continuidad de programas sociales y sanitarios. Distintos sectores sostienen que la reducción del gasto público trasladó mayores responsabilidades económicas a las familias y a los gobiernos provinciales y municipales.
Las protestas sociales también marcaron buena parte de la gestión libertaria. Movilizaciones de jubilados, trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales derivaron en episodios de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias por el uso excesivo de la fuerza.
Un informe difundido por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma registró al menos 147 intervenciones represivas en manifestaciones durante los primeros mil días del gobierno de Milei, según la metodología utilizada por esa organización sindical.
El fenómeno de conflictividad social tampoco se limita a Paraguay y Argentina.
En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa enfrentó durante 2025 una ola de protestas tras eliminar subsidios al diésel. La medida desencadenó movilizaciones indígenas, bloqueos de rutas y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Human Rights Watch documentó denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con la respuesta estatal.
Estos acontecimientos reflejan una tensión que atraviesa a distintas sociedades: la distancia entre las expectativas generadas durante las campañas electorales y las posibilidades concretas de mejorar los ingresos, acceder a servicios públicos y sostener condiciones de vida dignas.
No obstante, las situaciones de Paraguay, Argentina y Ecuador no pueden explicarse mediante una única causa. En el caso paraguayo, el detonante fue una crisis bancaria acompañada de presuntas irregularidades financieras. En Argentina, el debate se concentra principalmente en los efectos distributivos del programa económico, mientras que en Ecuador las protestas estuvieron directamente relacionadas con la eliminación de subsidios.
Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que todos los gobiernos de derecha atraviesan un deterioro idéntico o que sus políticas producen necesariamente los mismos resultados. Las condiciones económicas, las instituciones y las decisiones de cada administración son diferentes.
Lo que sí aparece como un punto de encuentro es la creciente exigencia ciudadana de que las promesas de crecimiento y estabilidad se traduzcan en mejoras perceptibles en la vida cotidiana.
La caída política de Peña constituye, en ese sentido, un antecedente que puede alimentar el debate regional sobre los límites del respaldo electoral cuando una crisis afecta directamente el patrimonio y la seguridad económica de la población.
Para Milei, el episodio no implica una consecuencia institucional inmediata ni permite anticipar un desenlace semejante. Sin embargo, la experiencia paraguaya vuelve a poner en discusión una cuestión que también atraviesa a la Argentina: cuánto tiempo puede sostenerse la confianza política cuando una parte de la ciudadanía considera que los resultados económicos no responden a sus expectativas.
En una región atravesada por reclamos sociales, conflictos distributivos y cuestionamientos a las instituciones, la estabilidad de los gobiernos depende no solamente de sus mayorías parlamentarias o de sus indicadores macroeconómicos, sino también de su capacidad para responder a las demandas de la población.