La concejal de El Chaltén Elizabeth Romanelli llevará este jueves al Concejo Deliberante dos proyectos de declaración que tienen un mismo eje: cuestionar decisiones de los gobiernos nacional y provincial que, según plantea, debilitan los mecanismos de protección sobre el territorio.
La edil pedirá que ambas iniciativas sean tratadas sobre tablas durante la Sesión Ordinaria N° 13.
Uno de los proyectos expresa el repudio al artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
Esa norma establecía límites y controles sobre la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Romanelli cuestiona que una ley aprobada por el Congreso haya sido eliminada mediante un decreto de necesidad y urgencia y advierte sobre las consecuencias de liberar esos límites.
“No estamos hablando solamente de una discusión jurídica. Estamos hablando de qué hacemos con nuestro territorio y con los recursos estratégicos de nuestro país”, sostuvo.
La segunda iniciativa apunta directamente al Gobierno de Santa Cruz y al Decreto 0915/2026, que estableció una excepción para permitir la transferencia de la Fracción G, Matrícula 186, ubicada en Península de Magallanes.
El decreto provincial autorizó, de manera excepcional, la operación entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate SAU para el desarrollo del proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”. El propio texto oficial establece que la excepción no podrá invocarse como antecedente ni aplicarse automáticamente a futuras operaciones.
Ese punto es justamente uno de los cuestionamientos centrales de Romanelli.
“Si para autorizar una operación hay que crear una excepción que no podrá aplicarse como antecedente para otros casos, tenemos que preguntarnos qué criterios se están utilizando y a quiénes termina beneficiando esa decisión”, afirmó.
El proyecto presentado por la concejal pide que el Poder Ejecutivo provincial retrotraiga los efectos del decreto y remita al Concejo Deliberante la totalidad de las actuaciones administrativas, estudios de impacto ambiental y documentación relacionada con el expediente.
También plantea preocupación por la localización del inmueble, dentro de una zona de alto valor ambiental y turístico frente al Glaciar Perito Moreno.
“La Península de Magallanes no puede ser tratada como una tierra más del mercado inmobiliario. Estamos hablando de un área ambientalmente sensible, frente al Glaciar Perito Moreno, y de un patrimonio que tenemos la obligación de proteger”, sostuvo Romanelli.
En los fundamentos del proyecto también se cuestiona que una decisión de estas características avance mediante un régimen excepcional y se reclama mayor participación ciudadana y acceso a la información.
La concejal vincula ambas discusiones, aunque se trate de decisiones tomadas por distintos niveles del Estado.
Por un lado, el Gobierno nacional eliminó mediante el DNU 70/23 el régimen de la Ley de Tierras Rurales.
Por otro, el Gobierno provincial autorizó una excepción concreta dentro de Península de Magallanes.
Para Romanelli, ambos casos exigen una misma discusión de fondo: qué mecanismos de protección debe sostener el Estado sobre tierras consideradas estratégicas y áreas de alto valor ambiental.
“No hay que permitir que se flexibilicen las normas para entregar tierras estratégicas ni que se avance sobre áreas de enorme valor ambiental. La soberanía también se defiende cuidando nuestro territorio”, expresó.
Los dos proyectos llegarán este jueves al Concejo Deliberante de El Chaltén, donde la edil buscará que sean tratados sin pasar previamente por comisión.