Los diputados provinciales de Unión por la Patria cuestionaron al Gobierno de Santa Cruz por los criterios utilizados para distribuir recursos y brindar asistencia financiera a los municipios. A través de un comunicado, denunciaron lo que consideran un intento de condicionamiento político sobre los intendentes, en medio de las dificultades económicas que atraviesa la Cuenca Carbonífera y del debate por el endeudamiento en dólares que impulsa el Ejecutivo.
“La coparticipación no es plata del gobernador, son recursos de los municipios; no puede utilizarlos para disciplinar a los intendentes”, señalaron los legisladores, quienes reclamaron reglas claras para garantizar que las localidades reciban los fondos que les corresponden.
El pronunciamiento se produjo ante la situación financiera de Río Turbio y 28 de Noviembre, y puso el foco en la relación entre la asistencia provincial y las posiciones que adoptan los distintos municipios frente a las iniciativas del Gobierno.
Para Unión por la Patria, la discusión no puede quedar limitada al acompañamiento o rechazo de una ley. Los diputados sostienen que la Provincia debe garantizar un tratamiento equitativo, independientemente de las diferencias políticas entre el gobernador y los jefes comunales.
En ese sentido, advirtieron que no puede existir una política de asistencia para los municipios que respaldan al Ejecutivo y otra para aquellos que mantienen posiciones diferentes.
El bloque vinculó esa preocupación con el proyecto de endeudamiento en dólares que busca aprobar el Gobierno provincial. Según expresaron, se trata de una autorización de magnitud considerable, capaz de generar compromisos financieros para las próximas administraciones.
“No se puede hipotecar ese futuro para resolver las urgencias políticas de una gestión que ya tiene fecha de salida”, manifestaron.
Los legisladores también rechazaron que el endeudamiento sea presentado como la única respuesta posible a las dificultades económicas de Santa Cruz. Afirmaron que existen recursos provinciales y extrapresupuestarios cuya utilización, disponibilidad y distribución deben ser discutidas antes de avanzar con nuevas obligaciones financieras.
Como ejemplo mencionaron el fondo UNIRSE, al que atribuyeron un saldo aproximado de 98.000 millones de pesos. Según las cifras expuestas por el bloque, alrededor de 49.000 millones corresponderían a la participación municipal.
A partir de esos números, exigieron conocer cuánto dinero se ejecutó efectivamente, qué montos permanecen disponibles y cuáles son los criterios establecidos para su distribución entre las localidades.
Otro de los puntos del documento está relacionado con las diferencias en la asistencia que reciben los municipios.
Los diputados mencionaron el caso de Caleta Olivia, que según señalaron cuenta con ayuda provincial para afrontar el pago de salarios. Aclararon que consideran correcto ese acompañamiento, pero pidieron que se expliquen los criterios empleados y se informe qué asistencia reciben Río Turbio y 28 de Noviembre.
“Queremos saber con qué criterios se ayuda a Caleta y qué asistencia reciben Río Turbio y 28 de Noviembre”, expresaron.
El planteo apunta a establecer si existen mecanismos uniformes de asistencia ante dificultades financieras o si las decisiones dependen de acuerdos particulares entre el Ejecutivo provincial y cada administración local.
En el comunicado, los legisladores insistieron en que la autonomía municipal debe ser respetada y que la Legislatura tiene la responsabilidad de controlar las condiciones de cualquier autorización de endeudamiento.
“Los municipios no son dependencias del Ejecutivo provincial. Y la Legislatura no puede entregar una autorización de endeudamiento de esta magnitud sin información ni controles”, sostuvieron.
También reclamaron que, cuando los recursos ordinarios resulten insuficientes, la Provincia establezca mecanismos de asistencia transparentes y previsibles, sin distinciones relacionadas con las posiciones políticas de los intendentes.
Hacia el final, Unión por la Patria vinculó la discusión con el cierre del actual período de gobierno y las obligaciones que podrían trasladarse a la próxima administración provincial.
“En diciembre de 2027 se va este gobierno. La provincia que viene no puede recibir una deuda de esta magnitud sin conocer qué se hizo con los recursos y qué compromisos se asumieron”, advirtieron.
Los diputados concluyeron que su responsabilidad es defender a los trabajadores afectados por las dificultades económicas, impedir lo que consideran un uso político de los recursos municipales y evitar que Santa Cruz asuma compromisos financieros sin información suficiente sobre sus consecuencias.
El comunicado deja planteados dos reclamos concretos: conocer el estado y destino de los fondos provinciales, especialmente los vinculados con UNIRSE, y establecer criterios públicos para la asistencia financiera a los municipios.