El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó este lunes el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa que busca ofrecer herramientas de refinanciación a trabajadores y familias de Santa Cruz que atraviesan dificultades para afrontar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales.
El proyecto será presentado ante la Cámara de Diputados de la provincia para su tratamiento y eventual modificación. La exposición contó con la participación del diputado Eloy Echazú, la concejal Soledad Kamu, el abogado Mauricio Gómez Bull y el equipo de profesionales que trabajó en la elaboración de la propuesta.
Uno de los ejes centrales es la protección del salario. El texto establece que los descuentos vinculados con las deudas alcanzadas por el régimen no podrán superar, bajo ninguna circunstancia, el 30% del salario bruto.
La intención es evitar situaciones en las que los débitos bancarios absorban prácticamente la totalidad de los ingresos mensuales y dejen a los trabajadores sin disponibilidad para afrontar gastos básicos.
Grasso vinculó la iniciativa con el crecimiento de la preocupación por el endeudamiento familiar y la pérdida del poder adquisitivo.
“Presentaremos este proyecto de desendeudamiento en la Cámara de Diputados para que se trabaje y tenga modificaciones que lo mejoren; lo ponemos a disposición de toda la sociedad”, sostuvo.
El intendente agregó que la situación económica se refleja especialmente en el uso de tarjetas, préstamos y el peso de las tarifas sobre los hogares. “La plata no alcanza, hay mucha preocupación de los vecinos y la gente no puede pagar la tarjeta de crédito. Las tarifas llegan con montos exorbitantes, el banco te absorbe todo el dinero y crece el endeudamiento”, afirmó.
La propuesta no contempla la condonación de las deudas. El mecanismo planteado apunta a reprogramarlas bajo condiciones consideradas sostenibles para que las personas puedan cumplir con sus obligaciones sin quedar sometidas a descuentos que comprometan la totalidad de sus ingresos.
Entre las condiciones previstas aparece una tasa máxima fija del 35% anual y un plazo mínimo de devolución de 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
También se prohíbe exigir nuevas garantías reales sobre las deudas consolidadas dentro del programa.
La adhesión sería obligatoria para el Banco Santa Cruz y optativa para las demás entidades bancarias que operan en la provincia. En estos últimos casos, el proyecto contempla incentivos fiscales para promover su incorporación.
Los potenciales beneficiarios serán personas residentes en Santa Cruz con deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales en situación de mora, cuyos ingresos familiares se encuentren dentro de los límites que establezca la reglamentación y cuya carga financiera supere el 30% de los ingresos del hogar.
Echazú sostuvo que el proyecto busca dar una respuesta a los niveles de morosidad registrados en la provincia y cuestionó las condiciones financieras que enfrentan las familias.
“Santa Cruz tiene un alto porcentaje de morosidad en los créditos bancarios y a raíz de esto tomamos la decisión de elaborar un proyecto de ley para aliviar esta situación”, explicó.
El diputado remarcó que la iniciativa no busca eliminar las obligaciones contraídas. “Nosotros planteamos la revisión de intereses, que son exorbitantes, no que se condonen las deudas”, señaló.
El programa también incorpora herramientas jurídicas para las personas alcanzadas.
Entre ellas aparece la creación de un registro de abogados destinados a brindar asistencia gratuita y la exención del pago de tasas o gastos judiciales en causas comprendidas dentro del régimen.
Además, se incorpora la figura del stop debit, que permitiría suspender provisoriamente débitos o descuentos cuestionados mientras se analiza la situación del deudor.
La iniciativa crea además una Comisión de Seguimiento y Contralor integrada por representantes del Gobierno provincial, el Colegio de Abogados, organizaciones sindicales y entidades de defensa del consumidor.
Ese organismo tendría entre sus funciones recibir denuncias, fiscalizar el cumplimiento del programa y elaborar informes semestrales de gestión.
La presentación llega en un contexto en el que el endeudamiento de los hogares aparece cada vez con mayor frecuencia dentro de la agenda pública. Distintos relevamientos vienen mostrando un aumento de la mora en créditos personales y de consumo, mientras las familias recurren al financiamiento para afrontar gastos cotidianos.
La propuesta de Grasso busca ahora trasladar esa discusión al ámbito legislativo provincial. El proyecto podrá recibir modificaciones durante su tratamiento, pero fija como puntos de partida una tasa máxima, un límite sobre los descuentos salariales y mecanismos de refinanciación para quienes ya se encuentran en mora.