El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó con dureza la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que revocó la cautelar que impedía descontar de la coparticipación municipal los aportes destinados a la Caja de Previsión Social. En declaraciones radiales, sostuvo que la resolución afecta la autonomía de los municipios y puede poner en riesgo la prestación de servicios esenciales para la comunidad.
La discusión volvió a quedar en el centro de la agenda provincial después de que el máximo tribunal santacruceño restituyera la posibilidad de aplicar el mecanismo de retención de fondos coparticipables para cubrir aportes y contribuciones previsionales adeudados. Para el Gobierno provincial y la Caja, se trata de hacer cumplir la ley y garantizar recursos del sistema jubilatorio. Para Grasso, en cambio, el fallo habilita un avance sobre fondos que pertenecen a los vecinos.
“Hay funcionarios que festejan que se le saque plata a los vecinos de Río Gallegos. No es dinero del intendente, es dinero de la ciudad, con el que se pagan servicios, obras y salarios”, afirmó el jefe comunal. La frase apuntó directamente contra la lectura celebratoria que, según el intendente, hicieron sectores del Ejecutivo provincial tras conocerse la resolución judicial.
Grasso remarcó que el impacto no se limita a la capital provincial, sino que alcanza a todas las comunas de Santa Cruz. Según planteó, los recursos que eventualmente podrían ser retenidos forman parte del financiamiento cotidiano de los municipios y son indispensables para sostener tareas básicas, desde el mantenimiento urbano hasta el pago de sueldos.
El intendente también recordó que Río Gallegos mantiene un reclamo para compensar deudas que, según sostuvo, la Provincia mantiene con el Municipio. En esa línea, señaló que durante la actual gestión provincial la ciudad no recibió asistencia económica extraordinaria y que las políticas locales se sostienen con recursos propios. “Todo lo que estamos haciendo, desde obras hasta el sostenimiento del transporte público, se financia con recursos propios. No tenemos ayuda del Gobierno Nacional ni del Gobierno Provincial”, indicó.
Uno de los ejes de su planteo fue la autonomía municipal. Grasso sostuvo que ese principio está garantizado por la Constitución Provincial y que no puede ser vulnerado mediante retenciones que afecten la disponibilidad de fondos locales. “La autonomía municipal está garantizada por la Constitución y no puede ser vulnerada. Nosotros vamos a seguir defendiendo los recursos que les corresponden a los vecinos”, afirmó.
El jefe comunal advirtió, además, que la situación económica de los municipios ya es compleja y que una quita adicional de recursos podría comprometer el pago de salarios y la continuidad de servicios públicos. Según explicó, las tasas municipales permiten sostener el mantenimiento de la ciudad, la salud municipal, el transporte, las obras y la asistencia social. Desde esa perspectiva, cualquier descuento sobre esos ingresos tiene un efecto directo sobre la vida diaria de la comunidad.
“Con las tasas municipales sostenemos el mantenimiento de la ciudad, la salud municipal, el transporte, las obras y la asistencia a los vecinos. Sacarle más recursos a los municipios significa perjudicar directamente a la comunidad”, sostuvo Grasso, al insistir en que el conflicto no debe presentarse como una disputa administrativa entre niveles del Estado, sino como una discusión sobre quién termina absorbiendo el costo financiero de la medida.
El intendente también cuestionó que el Gobierno provincial haya priorizado la vía judicial para avanzar en el reclamo. A su entender, el camino debería haber sido el diálogo político y la búsqueda de mecanismos de compensación entre deudas cruzadas. En ese marco, confirmó que el Municipio presentó los recursos judiciales correspondientes para defender su posición, aunque señaló que fueron rechazados.
La resolución del Tribunal Superior no cierra el expediente de fondo, pero cambia el escenario inmediato. Con la cautelar revocada, la Caja de Previsión Social vuelve a contar con una herramienta para retener fondos de coparticipación municipal y reclamar aportes previsionales. El punto en disputa es si ese mecanismo respeta la autonomía financiera de los municipios o si, como sostiene la Provincia, solo permite recuperar fondos que debían ingresar al sistema previsional.
Grasso planteó que Río Gallegos continuará defendiendo sus recursos y reclamó una reparación para la ciudad. “Voy a defender cada peso que les pertenece a los vecinos. No podemos permitir que se siga desfinanciando a los municipios en un momento tan complejo para todos”, concluyó.
El conflicto, lejos de quedar saldado, abre un nuevo tramo de tensión institucional entre la Provincia y las comunas. La Caja reclama financiamiento para sostener el sistema jubilatorio. El Gobierno provincial defiende la legalidad del mecanismo. Y los municipios, con Río Gallegos a la cabeza, advierten que la aplicación de descuentos sobre fondos coparticipables puede afectar servicios básicos, salarios y obras en un contexto económico cada vez más ajustado.