El Gobierno de Javier Milei avanza con la venta de un predio de 2.939 metros cuadrados perteneciente a la Base Naval Ushuaia, luego de declararlo sin utilidad. La decisión encendió preocupación dentro de las Fuerzas Armadas por tratarse de un área considerada estratégica para el acceso al Atlántico Sur y la Antártida.
La medida se inscribe en la política oficial de desprenderse de inmuebles estatales considerados ociosos para optimizar recursos del Estado. Sin embargo, en el ámbito militar la lectura es distinta: advierten que no se trata de un terreno cualquiera, sino de patrimonio ubicado en una de las zonas geopolíticas más sensibles del país.
Durante años, ese sector también fue analizado como parte de un posible desarrollo de una base naval integrada en Ushuaia. El proyecto apuntaba a fortalecer la presencia militar argentina en el extremo sur, concentrar capacidades de la Armada y ampliar la infraestructura logística para operaciones vinculadas al Atlántico Sur y la Antártida.
La ubicación del predio es el principal punto de cuestionamiento. Para oficiales consultados, su valor no puede medirse solo en términos inmobiliarios, porque forma parte de una infraestructura territorial asociada a la defensa, la proyección marítima y la presencia argentina en áreas de disputa y de interés estratégico permanente.
“La ubicación de esos terrenos tiene un valor estratégico que excede completamente su valor inmobiliario”, sostuvo uno de los testimonios militares recogidos. La frase resume la inquietud de sectores castrenses que observan la venta como una decisión de corto plazo con consecuencias difíciles de revertir.-
Otro oficial trazó una comparación directa para dimensionar el reclamo: “Es como si Estados Unidos decidiera venderle al mercado un terreno estratégico del Comando Sur en Florida”. La analogía busca remarcar que ciertos activos estatales, por su ubicación y función potencial, no deberían ser tratados como simples bienes disponibles para obtener fondos .
El malestar también alcanza al destino del dinero. Militares cuestionan que se les pida desprenderse de patrimonio estratégico bajo la promesa de que los recursos volverán a las Fuerzas Armadas, sin garantías concretas de que eso efectivamente ocurra. “Nos piden desprendernos de patrimonio estratégico con la promesa de que el dinero volverá a las Fuerzas, pero nadie puede asegurar hoy que eso vaya a ocurrir”, advirtió otro oficial.
Desde la mirada oficial, la venta apunta a ordenar activos estatales y evitar el mantenimiento de inmuebles sin uso definido. El Gobierno sostiene que la administración pública debe optimizar sus recursos y convertir bienes ociosos en fondos disponibles. El problema, para quienes rechazan la medida, es que esa lógica patrimonial no contempla suficientemente el valor estratégico de determinadas tierras.
La controversia vuelve a poner en discusión el lugar de Ushuaia dentro de la política de defensa nacional. La capital fueguina no solo tiene una ubicación central para la proyección hacia el Atlántico Sur, sino que también funciona como puerta logística hacia la Antártida. En ese marco, cada decisión sobre infraestructura naval adquiere un peso político y militar mayor.
El debate no se reduce a los 2.939 metros cuadrados del predio. Lo que está en juego es el criterio con el que el Estado define qué bienes son prescindibles y cuáles deben preservarse por razones de soberanía, defensa y planificación estratégica. Para los sectores críticos, vender tierras de la Armada en Ushuaia implica resignar margen de acción futura en una zona donde la presencia estatal resulta determinante.
La decisión oficial avanza, pero deja abierta una discusión de fondo: si la necesidad de obtener recursos justifica desprenderse de activos militares ubicados en áreas sensibles, o si el Estado debe protegerlos aun cuando hoy no tengan un uso inmediato. En Tierra del Fuego, esa pregunta tiene una carga especial. Porque allí, más que en otros puntos del país, territorio, defensa y soberanía aparecen atados a una misma decisión.