El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, firmó este jueves 12 de noviembre un decreto ad referéndum del Concejo Deliberante que establece un plazo de gracia de hasta 90 días corridos para pagar las tasas y derechos municipales correspondientes a nuevas habilitaciones comerciales. La medida está destinada a establecimientos de hasta 150 metros cuadrados y busca aliviar los gastos iniciales de quienes decidan abrir un negocio en la capital santacruceña.
La decisión fue presentada durante un encuentro con representantes de cámaras empresariales y organizaciones vinculadas con el comercio, la gastronomía y el sector inmobiliario, en un escenario que los participantes describieron como especialmente difícil por la caída del consumo, el incremento de los costos operativos y la retracción de la actividad económica.
La firma estuvo acompañada por el secretario de Producción, Comercio e Industria, Gerardo Mirvois, y la diputada nacional Moira Lanesan. También participaron Guillermo Polke, de la Federación Económica de Santa Cruz; Leandro Fadul, de la Cámara de Comercio de Río Gallegos; Iris Costa y Ricardo López, de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines; y Pedro Uribe, Graciela Martínez y Graciela Sancho, en representación de la Cámara Inmobiliaria.
Durante la reunión, Grasso y los referentes del sector privado analizaron las dificultades que enfrentan los emprendimientos comerciales para sostener su funcionamiento y generar nuevas inversiones.
Desde el Ejecutivo municipal atribuyeron buena parte de ese escenario al rumbo económico del Gobierno nacional y plantearon la necesidad de implementar herramientas locales que permitan acompañar a los pequeños comerciantes y preservar las fuentes de trabajo.
Los representantes empresariales valoraron la iniciativa y destacaron la importancia de contar con medidas que reduzcan las exigencias financieras durante los primeros meses de actividad.
El decreto contempla un beneficio específico para establecimientos comerciales, productivos o de servicios cuya superficie cubierta total habilitada no supere los 150 metros cuadrados.
Quienes cumplan esa condición podrán contar con un período de hasta 90 días corridos para abonar los derechos y tasas de habilitación establecidos en la Ordenanza N.º 2038, sin que durante ese plazo se apliquen recargos ni intereses.
La Municipalidad aclaró que no se trata de una exención tributaria ni de una eliminación de los costos de habilitación. Los importes deberán pagarse, pero el nuevo emprendimiento dispondrá de más tiempo para afrontar esa obligación.
El propósito es que los comerciantes puedan comenzar a desarrollar su actividad y generar ingresos antes de tener que afrontar determinados pagos municipales vinculados con la apertura del establecimiento.
La prórroga tampoco modifica las condiciones de seguridad ni los requisitos administrativos necesarios para obtener una habilitación.
Los solicitantes deberán cumplir previamente con la documentación exigida, las normas de zonificación y las disposiciones técnicas, sanitarias, de seguridad e higiene correspondientes a cada actividad.
De esta manera, el beneficio se limita al plazo para cancelar los derechos y tasas, sin flexibilizar los controles establecidos para el funcionamiento de los locales.
El decreto también contempla consecuencias para quienes no regularicen su situación una vez vencido el período de gracia.
En esos casos, la Secretaría de Producción, Comercio e Industria podrá declarar la caducidad de la habilitación y disponer la clausura del establecimiento hasta que se cancele la deuda, incluidos los intereses que correspondan.
La iniciativa será elevada al Concejo Deliberante para su ratificación, por lo que todavía resta conocer el tratamiento que recibirá por parte de los concejales.
La decisión se suma a otras medidas municipales orientadas a facilitar las gestiones comerciales. En agosto, la Municipalidad presentó una plataforma digital destinada a centralizar y simplificar los trámites de habilitación, desarrollada por personal del propio Municipio.
Aquella herramienta buscó reducir los tiempos administrativos y reunir en un mismo sistema los requisitos que anteriormente debían gestionarse ante distintas dependencias.
Ahora, el nuevo decreto apunta a otra dificultad de quienes comienzan una actividad económica: la necesidad de afrontar gastos antes de que el negocio genere sus primeros ingresos.
Aunque el beneficio no representa una reducción definitiva de impuestos, ofrece un margen de tiempo para organizar los pagos iniciales y destinar recursos a la puesta en marcha del establecimiento.
Su alcance quedará limitado a las nuevas habilitaciones de locales de hasta 150 metros cuadrados, mientras que su aplicación deberá ajustarse a las disposiciones del decreto y al proceso de ratificación legislativa.
Con esta iniciativa, el Gobierno municipal busca acompañar la apertura de nuevos emprendimientos y sostener la actividad comercial de Río Gallegos en un contexto de dificultades económicas que también afecta al empleo y al consumo local.