La concejal de El Chaltén, Elizabeth Romanelli, manifestó su rechazo al proyecto denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsado por el gobierno de Javier Milei, y advirtió que la iniciativa representa un avance hacia una mayor extranjerización de las tierras argentinas y una reducción del rol del Estado en la protección de los recursos estratégicos.
El proyecto, que será tratado en el Senado de la Nación, propone modificar distintos aspectos de la legislación vinculada a la propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos y la administración del territorio, una reforma que desde distintos sectores de la oposición es interpretada como un cambio profundo en la política sobre tierras.
Romanelli sostuvo que el debate excede la posibilidad de que ciudadanos extranjeros adquieran propiedades en el país.
"La ley vigente no prohíbe que un extranjero compre tierras en Argentina. Lo que hace es establecer límites para preservar la soberanía sobre recursos estratégicos y evitar una concentración excesiva en manos de capitales extranjeros", explicó.
La edil recordó que la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales tanto a nivel nacional como en cada provincia y municipio, además de establecer restricciones sobre predios ubicados en zonas consideradas estratégicas.
Según Romanelli, el proyecto impulsado por el Gobierno flexibiliza ese esquema y facilita una mayor participación de capitales extranjeros en la adquisición de tierras.
"Hoy ya existen alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. El problema no es que un extranjero pueda comprar una propiedad, sino eliminar los mecanismos que permiten controlar esa concentración y proteger recursos como el agua, los lagos, los ríos, las áreas petroleras o las zonas mineras", afirmó.
La concejal también cuestionó las modificaciones previstas sobre la Ley de Manejo del Fuego.
Actualmente, esa normativa establece restricciones para modificar el uso de los suelos afectados por incendios forestales durante un período determinado, con el objetivo de evitar que un incendio sea utilizado como herramienta para habilitar desarrollos inmobiliarios o actividades extractivas.
Romanelli advirtió que la reforma eliminaría esas limitaciones y abriría la posibilidad de modificar rápidamente el destino de tierras incendiadas.
Otro de los aspectos señalados por la edil son los cambios propuestos en el régimen de expropiaciones y desalojos.
A su entender, la iniciativa dificulta la posibilidad de que el Estado declare la utilidad pública de determinados bienes y acelera los procesos de desalojo, una situación que, según indicó, podría afectar especialmente a pequeños productores rurales y familias que mantienen conflictos por la tenencia de tierras.
La concejal consideró además que el proyecto debe analizarse dentro de un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
En ese sentido, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las iniciativas destinadas a modificar normas de protección ambiental y de administración de los recursos naturales.
"Nos quieren hacer creer que esto se trata únicamente de defender la propiedad privada, cuando en realidad se están eliminando herramientas que permiten al Estado proteger el territorio nacional y garantizar que los recursos estratégicos permanezcan bajo control argentino", expresó.
Para Romanelli, la discusión trasciende el aspecto jurídico y se vincula directamente con el modelo de desarrollo que se pretende para el país.
"La tierra no es solamente un bien económico. También representa soberanía, producción, identidad y la posibilidad de planificar el desarrollo de las próximas generaciones", sostuvo.
La edil convocó además a la comunidad a informarse sobre el contenido del proyecto y seguir el debate parlamentario previsto en el Senado.
El proyecto impulsado por el oficialismo abrió un fuerte debate entre quienes sostienen que las regulaciones actuales desalientan inversiones y quienes consideran que flexibilizar esos controles puede favorecer una mayor concentración de tierras y reducir la capacidad del Estado para intervenir sobre recursos considerados estratégicos.
En provincias como Santa Cruz, donde la disponibilidad de agua, la actividad minera, los hidrocarburos y las grandes extensiones rurales forman parte de la matriz económica, la discusión adquiere una relevancia especial.
Para Romanelli, el tratamiento legislativo no solo definirá un cambio normativo, sino también el papel que tendrá el Estado en la administración del territorio argentino durante las próximas décadas.
"La Patria no se vende; se defiende", concluyó.