El presidente Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció tras quedar envuelto en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión busca cerrar una crisis política dentro del Ejecutivo, aunque abre otra discusión: el perfil del funcionario elegido para ocupar uno de los cargos más sensibles del Gobierno nacional.
La confirmación llegó este domingo, después de la salida de Adorni, una de las figuras más visibles del mileísmo desde el inicio de la gestión. Según la información disponible, Santilli asumirá formalmente el martes y se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la administración libertaria desde diciembre de 2023, luego de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni.
El cambio se produce en un contexto delicado para la Casa Rosada. Adorni dejó el cargo luego de meses de desgaste por una causa judicial centrada en su patrimonio, viajes personales y gastos que quedaron bajo la lupa por su presunta incompatibilidad con sus ingresos declarados. Medios internacionales y nacionales señalaron que el exfuncionario admitió la existencia de unos 500.000 dólares que no figuraban inicialmente en sus declaraciones patrimoniales.
Durante ese proceso, Milei sostuvo públicamente a Adorni y rechazó los cuestionamientos en su contra. Pero la presión política creció, el oficialismo empezó a encontrar obstáculos en el Congreso y la permanencia del exvocero se volvió un problema para la agenda legislativa del Gobierno. La renuncia terminó funcionando como un corte de daños frente a un escándalo que golpeó el discurso oficial de transparencia y lucha contra la corrupción.
Santilli aparece ahora como una apuesta distinta. A diferencia de Adorni, construido como vocero confrontativo y figura de exposición diaria, el nuevo jefe de Gabinete llega con trayectoria política, paso por el PRO y experiencia en cargos ejecutivos y legislativos. Reuters recordó que fue vicejefe de Gobierno porteño, diputado, senador y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, además de ocupar hasta ahora el Ministerio del Interior.
El Presidente justificó la designación por la necesidad de fortalecer la relación con los gobernadores y sumar “músculo político” para la etapa que viene. En esa agenda aparecen reformas que el oficialismo busca acelerar, entre ellas el Súper RIGI, la reforma electoral, la llamada Ley Hojarasca y los pliegos judiciales.
Pero el reemplazante tampoco llega sin ruido propio. Santilli fue mencionado en publicaciones vinculadas a los Pandora Papers y a presuntos entramados societarios familiares. Notas periodísticas de 2024 y 2025 lo asociaron con al menos 14 sociedades y con firmas radicadas en jurisdicciones consideradas de baja tributación o paraísos fiscales. Esos señalamientos existen en el debate público, aunque no consta, con la información disponible, un procesamiento judicial formal derivado de esos hechos.
También se mencionó una deuda hipotecaria de USD 550.000 declarada en 2015 con Marcos Podestá, empresario con contratos estatales, que al año siguiente ya no figuraba en su declaración. Ese punto, incluido en denuncias y reconstrucciones periodísticas, vuelve a instalar la pregunta sobre el origen de los fondos y la consistencia patrimonial del flamante funcionario.
El dato judicial importa. Hasta el cierre de esta nota, los antecedentes atribuidos a Santilli aparecen como cuestionamientos, denuncias públicas o investigaciones periodísticas, no como una condena ni como un procesamiento firme. Esa diferencia no borra el problema político, pero ordena su alcance: el Gobierno no designa a un funcionario condenado, sino a uno que carga con preguntas patrimoniales no despejadas del todo.
La paradoja es evidente. Milei llega a este recambio después de defender durante meses a un jefe de Gabinete acusado de enriquecimiento ilícito y elige para reemplazarlo a un dirigente con experiencia política, pero también con antecedentes sensibles en materia patrimonial. Para una administración que construyó parte de su identidad sobre la impugnación moral de la “casta”, el margen de tolerancia frente a esas sombras se vuelve cada vez más difícil de explicar.
Santilli tendrá como tarea inmediata ordenar la interlocución con gobernadores, coordinar ministerios y destrabar leyes en el Congreso. Su llegada puede aportar oficio político donde Adorni mostraba desgaste, pero no elimina el problema de fondo. El Gobierno sale de un incendio provocado por sospechas de enriquecimiento y entra en una nueva etapa con un jefe de Gabinete que deberá demostrar, además de capacidad de negociación, claridad sobre su propio pasado patrimonial.