La concejala Pamela Pesoa Monsalvo manifestó su preocupación por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que dejó sin efecto el amparo que impedía aplicar el artículo 22 de la Ley Provincial N.º 1782. La decisión vuelve a habilitar a la Caja de Previsión Social a avanzar con retenciones sobre la coparticipación municipal para cobrar aportes y contribuciones previsionales adeudados.
Desde Perito Moreno, la edil advirtió que el impacto de una eventual retención no recaería solamente sobre la administración local, sino sobre toda la comunidad. Según planteó, si la Caja descuenta fondos de la coparticipación, el municipio podría enfrentar serias dificultades para pagar salarios y sostener su funcionamiento cotidiano.
“Mientras el Gobierno provincial festeja, en Perito Moreno nos preocupa”, sostuvo Pesoa Monsalvo al referirse a la lectura oficial del fallo. Para la concejal, no hay motivos para celebrar una herramienta que puede terminar afectando a trabajadores, familias y vecinos.
La funcionaria puso sobre la mesa dos cifras que, según señaló, describen la gravedad del cuadro financiero. Indicó que la deuda histórica del Municipio de Perito Moreno con la Caja de Previsión Social asciende a $4.279.493.832,86. Además, afirmó que solo durante 2025 se acumuló una deuda de $1.317.361.862,61 en concepto de aportes personales y contribuciones patronales.
Ese último dato fue utilizado por Pesoa Monsalvo para cuestionar directamente a la actual gestión municipal encabezada por Matías Treppo. Según expresó, más de $1.317 millones acumulados en un solo año demuestran que el problema ya no puede atribuirse únicamente a deudas heredadas, sino que continúa creciendo por la incapacidad de frenar el deterioro financiero.
La concejal también recordó que el propio intendente reconoció públicamente que la coparticipación se destina prácticamente en su totalidad al pago de sueldos. Desde esa base, planteó una pregunta concreta: si la Caja aplica descuentos sobre esos fondos, cómo hará el Municipio para afrontar los salarios.
“Acá no hay misterio ni margen para el dibujo; la realidad es una sola: si la Caja de Previsión Social aplica el descuento o la retención de la plata que ingresa por coparticipación a Perito Moreno, ¿cómo abonamos los sueldos?”, señaló.
Pesoa Monsalvo también apuntó contra el Gobierno provincial de Claudio Vidal. Sostuvo que, si durante 2025 prácticamente no se pagaron aportes porque los recursos se destinaron a salarios, una retención de coparticipación podría asfixiar financieramente al municipio. En esa línea, preguntó cómo pretende la Provincia que la comuna funcione si se le quitan los fondos que sostienen la estructura básica de gestión.
La edil planteó que la situación combina dos responsabilidades: una administración local que no logró frenar el crecimiento de la deuda previsional y un Gobierno provincial que, mediante la aplicación del artículo 22, puede profundizar el ahogo financiero de los municipios. También cuestionó al intendente Treppo por lo que definió como falta de peso político para defender a Perito Moreno frente a las decisiones de la Provincia.
“El problema lo van a terminar pagando los vecinos y los trabajadores municipales”, advirtió la concejal. En su planteo, detrás de cada número hay salarios, servicios, familias y necesidades concretas que pueden verse afectadas si el mecanismo de retención se aplica sin una salida política o financiera previa.
El pronunciamiento de Pesoa Monsalvo se suma a las críticas de otros sectores municipales contra el fallo del Tribunal Superior. En distintos puntos de Santa Cruz, la decisión judicial abrió una discusión sobre el equilibrio entre la necesidad de financiar la Caja de Previsión Social y la autonomía económica de las localidades.
Para el Gobierno provincial, la aplicación del artículo 22 permite recuperar fondos previsionales que deben ingresar al sistema jubilatorio. Para los municipios críticos, en cambio, la herramienta puede convertirse en un mecanismo de disciplinamiento político y en una amenaza directa al pago de sueldos y la prestación de servicios.
La concejal cerró su posicionamiento con un mensaje dirigido al gobernador Claudio Vidal. “No hay nada para festejar cuando una medida se usa para disciplinar y poner en riesgo el funcionamiento de un municipio”, afirmó. Su advertencia resume el clima que dejó el fallo en Perito Moreno: una deuda millonaria, una coparticipación comprometida y el temor de que la salida judicial termine agravando la crisis local.