El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó este lunes una carta documento contra el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a quien intimó a ratificar o rectificar declaraciones realizadas el pasado 28 de junio en una entrevista difundida por el medio Infomedia24.
La presentación fue enviada este 30 de junio mediante Correo Argentino y fija un plazo de 48 horas para que el mandatario provincial responda por el mismo medio y con el mismo alcance en que fueron difundidos sus dichos.
Según la carta documento, Grasso considera que las expresiones de Vidal contienen “diversas imputaciones agraviantes” dirigidas contra intendentes opositores al Gobierno Provincial y, en particular, contra su persona.
El jefe comunal sostiene que esas manifestaciones afectan su “buen nombre y honor” y exceden el margen de tolerancia propio del debate político.
Entre los señalamientos cuestionados, Grasso mencionó la acusación de haber solicitado dinero en efectivo, sin controles, para acompañar el proyecto de endeudamiento en dólares impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial.
Para el intendente, ese tipo de afirmaciones no solo forman parte de una disputa política, sino que le atribuyen presuntas conductas que podrían ser consideradas delitos penales. Por ese motivo, resolvió avanzar con una intimación formal.
“Jamás en mi vida tuve que mandar una carta documento. Me cuesta mucho hacerlo, pero Vidal no puede decir cualquier barbaridad. Si hace acusaciones tan graves, tiene que sostenerlas con pruebas”, afirmó Grasso.
En el texto remitido al gobernador, el intendente advirtió que, en caso de no recibir una ratificación con pruebas o una rectificación pública, iniciará las acciones legales correspondientes por calumnias e injurias.
También anticipó que podría avanzar con acciones civiles previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación, vinculadas a la protección del honor y la reparación de posibles daños.
La carta documento profundiza la tensión política entre el Municipio de Río Gallegos y el Gobierno Provincial, en un contexto marcado por el debate sobre el endeudamiento en dólares impulsado por la administración de Vidal.
El episodio agrega un nuevo capítulo a la disputa institucional entre Provincia y municipios, donde el reclamo por recursos, el proyecto de deuda y las acusaciones públicas ya ingresaron en un terreno judicializado.
