La decisión del máximo tribunal surge a raíz de la solicitud realizada por La Rioja, que pidió la declaración de "inconstitucionalidad manifiesta" del mencionado DNU. Además, se solicitó a la Corte que habilite la feria judicial de enero para resolver el caso, siendo este el primer recurso directo contra el decreto de Milei que comenzó a regir recientemente.
En la presentación ante la Corte, se busca la "nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución". Asimismo, se requiere la emisión inmediata de una medida cautelar que suspenda completamente sus efectos y se insta a la Corte a ordenar al Poder Ejecutivo que no aplique ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva del caso.
La competencia originaria de la Corte se fundamenta en la participación de una provincia que demanda al Gobierno nacional, considerándose que esta causa entre una provincia y el Estado federal debe ser atendida directamente por el máximo tribunal.
El DNU, emitido el 21 de diciembre y puesto en vigencia recientemente, es señalado por los demandantes como contrario a varios artículos de la Constitución federal y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los abogados que presentaron la solicitud argumentan que el decreto causa perjuicios irreparables y afecta los fundamentos del Estado, solicitando la resolución de la incertidumbre en torno a su aplicación.
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