La medida, que se prevé implementar la próxima semana, pretende identificar y detener a manifestantes, así como cobrar los gastos derivados de la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones responsables.
Bullrich advirtió que "si se toma la calle va a haber consecuencias" y destacó que las fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal intervendrán frente a cualquier tipo de bloqueo, ya sea parcial o total. Subrayó que el Gobierno tiene la decisión tomada de que "la forma de pedir o buscar un beneficio social" no será "por la vía del corte".
El protocolo establece que las fuerzas federales actuarán hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación, identificarán a los autores, cómplices e instigadores de los cortes, y enviarán la factura a las organizaciones o individuos responsables por los costos de los operativos de seguridad.
La ministra también mencionó la intervención inmediata en caso de delito flagrante y el uso de la "mínima fuerza necesaria y suficiente". Además, se trabajará en las estaciones de tren y se dará aviso a la autoridad competente en caso de participación de niños y adolescentes en las manifestaciones.
Este anuncio surge en el contexto de un próximo "paro activo" convocado por organizaciones de izquierda en respuesta a los anuncios del ministro de Economía. La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, marcadas por la represión y la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.
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