El concejal Carlos Aparicio presentó un proyecto de resolución para exigir respuestas por la situación de trabajadores y trabajadoras municipales que figuran sin alta activa en la Caja de Servicios Sociales, pese a que todos los meses se les descuentan los aportes correspondientes de sus salarios.
La iniciativa solicita información formal en el marco de la Ley Provincial N.º 3540 de Acceso a la Información Pública. El objetivo es conocer en detalle qué ocurre con las afiliaciones, cuáles son los motivos de las demoras y qué medidas se prevén para garantizar que las familias municipales puedan acceder a la cobertura de salud por la que ya aportan.
Aparicio también propuso conformar una mesa de trabajo entre la Municipalidad, la Caja de Servicios Sociales y los representantes gremiales. La intención es avanzar en una salida concreta y evitar que el reclamo quede atrapado en trámites administrativos o cruces de responsabilidades entre organismos.
“Hay trabajadores y trabajadoras municipales que hace dos, tres, cuatro y hasta cinco años no pueden acceder a la cobertura de la Caja de Servicios Sociales. Sin embargo, todos los meses sufren los descuentos correspondientes en sus salarios. Esta situación es inadmisible y requiere una respuesta urgente”, expresó el concejal.
El planteo apunta a una situación sensible: empleados municipales que aportan al sistema, pero que no pueden utilizar la obra social para atender una enfermedad, una emergencia o un tratamiento médico. Para Aparicio, esa contradicción no puede seguir sin explicación oficial ni solución inmediata.
“La salud es un derecho fundamental. No podemos permitir que una familia trabajadora tenga que enfrentar una enfermedad, una emergencia o un tratamiento médico sin cobertura mientras observa que los descuentos siguen apareciendo en su recibo de sueldo. Lo que falta son soluciones, no más excusas”, sostuvo.
El edil remarcó que la salud no puede convertirse en una variable de ajuste ni depender de demoras administrativas, falta de coordinación o ausencia de respuestas claras. En esa línea, insistió en que las autoridades competentes deben informar cuántos trabajadores se encuentran afectados, desde cuándo están en esa situación y qué pasos concretos se tomarán para regularizar las altas.
El reclamo también incorpora una dimensión laboral y social. Para las familias municipales, la falta de cobertura no solo implica una vulneración del acceso a la salud, sino también un perjuicio económico: los descuentos continúan aplicándose sobre los haberes, aunque el servicio no se encuentra disponible para quienes deberían estar afiliados.
Con el proyecto de resolución, Aparicio busca que la Caja de Servicios Sociales brinde información documentada y que el Municipio, la obra social y los gremios se sienten en una misma mesa para ordenar el problema. El punto central, según planteó, es que ningún trabajador municipal quede excluido del sistema al que aporta mes a mes.
La presentación abre un nuevo frente de discusión sobre el funcionamiento de la obra social y la situación de los empleados comunales. Mientras se aguarda una respuesta institucional, el reclamo instala una pregunta básica: cómo puede sostenerse el descuento obligatorio de aportes si, al mismo tiempo, hay trabajadores que no cuentan con cobertura efectiva.