El Gobierno nacional avanzó este martes con el envío de más de cien telegramas de despido a trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en una jornada marcada por la protesta de los gremios ATE y APCNEAN, el vallado de la sede central y la presencia de Gendarmería Nacional en el edificio ubicado sobre Avenida del Libertador al 8200. Distintos medios registraron que la medida afectó a personal contratado y que el conflicto derivó en un operativo federal dentro del organismo.
Los telegramas llegaron con fecha del 30 de junio e informaron el cese de funciones a partir del 1° de julio. Según la información difundida por organizaciones sindicales y medios especializados, la decisión impactó sobre personal administrativo, técnicos, profesionales y trabajadores vinculados a áreas de apoyo y operación dentro de la CNEA. Algunas publicaciones elevaron el número total de desvinculaciones a cerca de 170, aunque el conteo varía según las sedes incluidas y el universo de contratos vencidos.
La tensión se agravó cuando los trabajadores se concentraron en la sede central para reclamar respuestas de las autoridades. ATE denunció que el presidente de la CNEA, Martín Porro, no recibió a los representantes gremiales, mientras los manifestantes permanecían dentro del edificio. En ese contexto, Gendarmería ingresó al lugar y desalojó la protesta, según registraron medios nacionales.
El episodio dejó una imagen políticamente fuerte: Porro salió del edificio escoltado por efectivos federales, mientras era increpado por trabajadores que rechazaban los despidos. La Nación informó que la situación provocó reacciones de organizaciones de izquierda y que la diputada Myriam Bregman cuestionó la presencia de Gendarmería en la sede de la Comisión.
El conflicto venía gestándose desde semanas atrás. En mayo, trabajadores del sector nuclear ya advertían sobre el vencimiento de alrededor de 350 contratos y reclamaban continuidad laboral para sostener proyectos estratégicos, tareas de investigación y áreas técnicas. Periferia había publicado que la situación contractual alcanzaba a cientos de empleados y que existía preocupación por el impacto sobre programas de desarrollo nuclear.
El malestar sindical también se alimenta de una promesa previa. Según el texto base, durante el acto de conmemoración de la creación de la CNEA, realizado el 5 de junio, las autoridades se habrían comprometido a renovar los contratos de cada trabajador en su puesto. Las cesantías conocidas a partir del 30 de junio fueron leídas por los gremios como una ruptura de ese compromiso y como una señal de ajuste sobre un organismo estratégico.
La Comisión Nacional de Energía Atómica es uno de los organismos centrales del sistema científico-tecnológico argentino. Desde su creación, cumple funciones vinculadas con investigación, desarrollo, formación, tecnología nuclear y aplicaciones pacíficas de la energía atómica. La propia página oficial define a la CNEA como una institución dedicada al desarrollo de ciencia y tecnología para el sector nuclear.
Desde los gremios, la medida fue interpretada como parte de un proceso de desguace. Carolina Komar, delegada de ATE en la CNEA, sostuvo que la decisión “no tiene ningún sentido” y afirmó que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno renunciaron 500 trabajadores del organismo. También planteó que el rumbo oficial apunta a debilitar el desarrollo nuclear nacional y a transformar la Comisión en un espacio de formación de profesionales que luego se van por falta de salarios adecuados.
Las denuncias sindicales apuntan, además, al impacto concreto de las desvinculaciones en áreas técnicas. Según el testimonio citado en el material base, entre las personas despedidas figura la única operadora disponible de un microscopio SEM en la sede de Constituyentes y una de las dos técnicas en sistemas. Tiempo Argentino también informó que los despidos podían afectar laboratorios, equipos de alta complejidad e instalaciones vinculadas a pruebas de tecnología nuclear.
El conflicto ocurre mientras el Gobierno intenta mostrar hacia afuera una agenda de promoción del sector nuclear. Esa contradicción fue señalada por trabajadores y gremios: por un lado, funcionarios viajaron al exterior para presentar oportunidades de inversión y desarrollo; por el otro, dentro del organismo se reducen equipos técnicos y se interrumpe la continuidad laboral de personal formado en áreas de alta especialización.
La conducción actual de la CNEA quedó bajo la lupa. Martín Porro fue designado presidente del organismo mediante el Decreto 905/2025, en reemplazo de Germán Guido Lavalle, y acompañado por Luis Rovere como vicepresidente, según informó oficialmente el Gobierno nacional en diciembre de 2025.
El operativo de Gendarmería sumó otra capa de tensión. En el texto base, trabajadores señalaron que la presencia de fuerzas federales en plantas de la CNEA ya existía, pero se incrementó tras el agravamiento del conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán. También denunciaron controles más estrictos en los ingresos a los establecimientos, incluso sobre pertenencias personales.
Al cierre de esta nota, la causa del conflicto seguía abierta en el plano gremial y político. Los sindicatos exigían la reincorporación de los despedidos y una instancia de diálogo con las autoridades, mientras el Gobierno defendía la revisión de contratos dentro de su política general de reducción del Estado. La discusión excede la situación laboral inmediata: detrás de cada telegrama aparece una pregunta más grande sobre el lugar que la Argentina quiere darle a su sistema nuclear, a sus trabajadores especializados y a la soberanía tecnológica construida durante décadas.