“Si bien efectúe las denuncias penales correspondientes para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, debo destacar que estas resoluciones del Tribunal van en línea con nuestro trabajo de garantizar transparencia y control de los recursos públicos” esgrimió la Vocal.
En lo que refiere a la normativa, el Tribunal le solicita al ministerio que informe, entre otros ítems, los precios unitarios de los productos a comprar, el precio aproximado, -previo al llamado-, del valor total de la contratación, los precios máximos y la concurrencia e igualdad para concurrir a la contratación.
“Lo importante de esta medida es que se respeta tanto el principio de legalidad y razonabilidad de la contratación como el principio y publicidad en todas sus etapas” explicó Gribaudo.
Para finalizar, la Vocal de la UCR le dejó un mensaje a la comunidad en el que ratificó el compromiso asumido de seguir controlando el destino de los fondos públicos en pos de asegurar la transparencia y el acceso a la información pública.
“Estas premisas deben ser la hoja de ruta de cualquier funcionario que se desempeñe en un organismo de control del Estado.”
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